Casación confirmó que Cristina Kirchner deberá pagar $685 mil millones por la causa Vialidad

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó que Cristina Fernández de Kirchner deberá afrontar, junto a los demás condenados en la causa Vialidad, el pago solidario de 684.990.350.139,86 pesos en concepto de decomiso. La resolución fue adoptada de manera unánime por la Sala IV, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña.

En su fallo de 81 páginas, los magistrados validaron tanto el monto como la metodología de actualización aplicada, cuestionada por las defensas. Cabe recordar que el Tribunal Oral Federal N°2 había fijado originalmente el decomiso en poco más de 84 mil millones de pesos, cifra luego actualizada por peritos de la Corte Suprema aplicando el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Los argumentos de la defensa

Los abogados de la expresidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, calificaron la resolución como "arbitraria, infundada y contraria a su propia jurisprudencia". Aseguraron que se convirtió una "estimación provisoria" en un cálculo definitivo sin posibilidad de ser impugnado.

"Se trató de una severa lesión al derecho de defensa en juicio", plantearon los letrados, quienes además criticaron el uso del IPC para la actualización. A ese recurso se sumaron las defensas de Lázaro Báez, José López y Mauricio Collareda.

El fiscal general Mario Villar, en cambio, había pedido ratificar el decomiso. En su dictamen sostuvo que "la comisión de hechos punibles no debe ser rentable ni para los autores ni para los partícipes ni para terceras personas" y recordó que la cuestión ya había sido discutida en todas las instancias judiciales.

Los fundamentos de los jueces

El camarista Gustavo Hornos rechazó el planteo de la exmandataria y sostuvo que el monto fijado constituía una "determinación concreta y definitiva de los efectos del delito". Explicó que la actualización respondía únicamente a la necesidad de "resguardar el valor real del monto dinerario frente al transcurso del tiempo y las variables económicas".

Su colega Mariano Borinsky coincidió en que "el parámetro económico seguido no luce arbitrario, en tanto constituye la vía idónea para mantener el valor del beneficio del delito frente a la depreciación monetaria".

Por último, Diego Barroetaveña remarcó que todas las partes tuvieron intervención en la etapa de ejecución: "Si la defensa omitió ejercer alguna estrategia, debe hacerse cargo de sus consecuencias. No se vio vulnerado derecho constitucional alguno".

De esta manera, la máxima instancia penal federal dejó firme la obligación de los condenados en la causa Vialidad de afrontar el pago de casi 685 mil millones de pesos, considerado el beneficio económico de un "gravísimo hecho de corrupción" contra el Estado.