Casación revisará si se incluyen bienes de Máximo y Florencia Kirchner: qué propiedades de Río Gallegos y El Calafate quedaron bajo revisión judicial
La Cámara de Casación analizará si 19 bienes en Santa Cruz, a nombre de Máximo y Florencia Kirchner, deben ser decomisados tras la condena a CFK.
La Cámara Federal de Casación Penal revisará la decisión que incluyó 19 bienes a nombre de Máximo y Florencia Kirchner dentro del decomiso dispuesto tras la condena a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.
La medida fue habilitada por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), que condenó a la ex presidenta a seis años de prisión por administración fraudulenta y fijó un decomiso actualizado que asciende a $684.990.350.139,86.
En su resolución, los jueces remarcaron que el monto del decomiso "se encuentra firme y en etapa de ejecución", aunque concedieron las apelaciones para que Casación defina si corresponde incluir bienes de terceros que no fueron juzgados en la causa.
Los bienes en Santa Cruz que quedaron bajo la lupa judicial
El punto central de la discusión son propiedades y parcelas ubicadas en Río Gallegos y El Calafate, que fueron cedidas a Máximo y Florencia Kirchner y ahora forman parte del decomiso ordenado en noviembre pasado.
Según dispuso el TOF 2, los bienes deberán concretarse "previa tasación" y serán utilizados para "satisfacer la pena de decomiso de los efectos del delito", en el marco de la causa Vialidad.
La resolución alcanzó también a bienes de Lázaro Báez y de empresas vinculadas al empresario, como Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Loscalzo y Del Curto SRL. Si el producido no resulta suficiente, se avanzará sobre activos de otros condenados.
Desde la defensa de la ex presidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy cuestionaron la medida y señalaron que la inclusión de esos bienes "importó una contradicción con decisiones previas del Tribunal y de la propia Casación".
Los planteos de la defensa y el futuro del expediente
El apoderado de Máximo y Florencia Kirchner, Luis Goldin, alegó "arbitrariedad y lesión del derecho de propiedad", además de una violación al "principio de inocencia y del debido proceso".
Sostuvo que se aplicó de manera indebida un "modelo de decomiso amplio", extendiéndolo a bienes de origen lícito obtenidos por actos sucesorios, sin probar vínculo con el delito investigado.
Ante este escenario, la familia Kirchner pidió a Casación que excluya los bienes del decomiso y anticipó que, de no prosperar, el caso podría llegar a la Corte Suprema e incluso a organismos internacionales.
Mientras tanto, el Tribunal dispuso inscribir los inmuebles en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Decomisados, y consideró que las diligencias pendientes son administrativas y no generan un perjuicio inmediato.
Con información de Infobae

