Cierre de Vialidad Nacional: "Es una medida criminal, sin sentido y que atenta contra la vida de los argentinos en las rutas"

La Asociación de Judiciales de Santa Cruz manifestó este lunes su "profunda preocupación y enérgico rechazo" ante la decisión del Gobierno Nacional de cerrar la Dirección Nacional de Vialidad, la Comisión Nacional del Tránsito y Seguridad Vial y la Agencia de Seguridad Vial. La medida fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, y generó un fuerte repudio entre diversos sectores gremiales y sociales del país.

Desde el gremio judicial advierten que esta decisión tendrá consecuencias gravísimas, tanto para los trabajadores como para la ciudadanía en general. Entre los puntos más críticos, señalaron el despido de más de 5.500 trabajadores especializados, el abandono de 118 rutas nacionales estratégicas y la falta de mantenimiento en más de 40.000 kilómetros de caminos, lo que representa "un riesgo inminente para la seguridad vial en todo el territorio nacional".

En su pronunciamiento, Judiciales de Santa Cruz adhirieron a las palabras de Graciela Aleñá, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), quien advirtió que se están creando "rutas de la muerte" al eliminar los organismos técnicos encargados de garantizar la seguridad en las vías de comunicación.

"El desmantelamiento de Vialidad Nacional representa no solo un ataque al trabajo digno, sino también una grave amenaza a la seguridad pública y al desarrollo económico del país", expresaron desde el sindicato, y añadieron que las consecuencias de esta medida "se harán sentir en el incremento de accidentes viales, el deterioro de la red caminera y el aislamiento de comunidades enteras".

Además, el gremio exigió a los gobernadores provinciales -y especialmente al gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal- que se pronuncien públicamente frente a esta decisión. "Resulta inaceptable que las provincias queden desamparadas en la mantención de rutas que son vitales para el transporte y la economía regional", remarcaron.

Finalmente, Judiciales reafirmó su compromiso con "la defensa del Estado como garante de derechos fundamentales", y convocaron a las organizaciones sociales y políticas a rechazar lo que consideran un nuevo avance sobre los organismos públicos.

"Una medida criminal, sin sentido y que atenta contra la vida de los argentinos en las rutas", concluye el duro comunicado. 

(El Diario Nuevo Día)