Comunidades originarias presentaron una nota en Casa de Gobierno en rechazo al proyecto de uranio en Santa Cruz

Este viernes, representantes de comunidades mapuches-tehuelches y organizaciones sociales entregaron en Casa de Gobierno una nota dirigida al gobernador Claudio Vidal para expresar su rechazo al "Proyecto Sofía", la iniciativa oficial que impulsa la explotación de uranio y vanadio en cercanías de Las Heras.

El documento, titulado "Manifiesto de repudio de los pueblos originarios y la sociedad civil al Proyecto Sofía", cuenta con más de 300 firmas y plantea que la propuesta se hizo sin cumplir con la consulta previa, libre e informada que exige el Convenio 169 de la OIT y la Constitución Nacional.

Durante una entrevista en Arriba el Día (Radio Nuevo Día 100.9), la docente mapuche Silvia Saldivia explicó que "parece que los ciudadanos, o incluso las comunidades originarias, tenemos que recordarle a los funcionarios que deben cumplir con la ley". Consideró que lo ocurrido fue una "reunión sin valor de consulta" y subrayó que los funcionarios "deberían ser los primeros en conocer las leyes y hacerlas cumplir". Según dijo, "vemos que sistemáticamente se violan los derechos humanos de los pueblos originarios y no podemos seguir permitiendo este genocidio lento que significan estos proyectos extractivos".

"Nos enteramos por una foto": preocupación por la falta de información

Rolando Álvarez, integrante de la comunidad mapuche-tehuelche Newen Nülfuñn de Pico Truncado, contó que la comunidad se enteró de la existencia del proyecto "a través de una foto publicada en redes sociales", sin haber sido convocados a ninguna instancia de consulta. El referente explicó que el yacimiento se ubicaría a unos 40 kilómetros de Las Heras, en una zona donde nace el río Deseado, fuente de agua para varias localidades.

"El uranio y los metales pesados van a afectar no solo a las comunidades indígenas, sino a toda la población", advirtió Álvarez, y sostuvo que se trata de materiales "peligrosos, que se bioacumulan en los tejidos de los animales que luego consumimos". También cuestionó la falta de información técnica al señalar que "si esto debía ser una consulta informada, ¿dónde están los estudios de impacto ambiental? Hasta ahora lo único que se presentó son pareceres; no hay estudios serios elaborados por universidades o equipos técnicos. Y tenemos derecho a saber cuánta agua se va a usar y cuál será la afectación real".

El representante de Pico Truncado destacó que el río está a apenas 15 kilómetros del casco urbano, "de donde se capta el agua que consume la población", y que el riesgo de contaminación es un problema que trasciende a las comunidades originarias.

"Defender el territorio no es oponerse al progreso"

Tanto Saldivia como Álvarez coincidieron en que la presentación del proyecto minero se realizó sin diálogo real y que, además, el Gobierno provincial lo difundió "afirmando que contaba con el apoyo de las comunidades", algo que desmintieron. "Nosotros no fuimos parte de ninguna consulta", sostuvo Saldivia, quien remarcó que "defender el territorio no es oponerse al progreso; nosotros cuidamos la vida en todas sus formas, y si el territorio se enferma, también nos enfermamos nosotros".

La docente recordó que existen antecedentes en Santa Cruz que demuestran la obligatoriedad de la consulta, como el caso de la comunidad Lof en Mapu de Puerto Santa Cruz, que obtuvo un fallo judicial favorable ante la falta de consulta por las represas sobre el río Santa Cruz. "Esa demanda se ganó y aunque el proceso no se completó, el fallo fue claro: los proyectos deben realizarse con participación previa de las comunidades. El gobierno actual debería retomar ese camino", apuntó.

Un reclamo que suma apoyos

El manifiesto fue firmado por comunidades originarias de distintas provincias, además de organizaciones sociales y sindicales. Según Saldivia, "nos apoyan comunidades desde el norte hasta el sur, organizaciones sociales como Correpi, militantes de ATE, CTA y docentes de ADOSAC. También firmaron ciudadanos que no pertenecen a agrupaciones, pero que entienden que este proyecto afecta a todos".

La referente explicó que el objetivo del documento es "hacer reaccionar a los funcionarios", recordándoles que los pueblos originarios también son ciudadanos y que "quienes están en los cargos deben protegernos, no decidir a espaldas del pueblo".

Antes de regresar a Pico Truncado, Rolando Álvarez adelantó que las comunidades continuarán reclamando para frenar el avance del proyecto. "Vamos a seguir hasta agotar todas las instancias para que esto no quede en silencio. No estamos en contra del progreso: estamos defendiendo la vida. Cuidar el territorio es cuidar a las generaciones que vienen", expresó.