Con el rechazo de la Iglesia, este jueves se debate la reforma de la Ley de Glaciares

El Gobierno nacional trabaja contrarreloj para conseguir la media sanción de la reforma a la Ley de Glaciares. El proyecto, que fue manejado con fuerte hermetismo, será tratado en el Senado en una sesión clave donde cada voto cuenta.

"Es uno arriba, uno abajo, no sobra nada", reconoció un senador que adelantó su rechazo a la iniciativa. Con 36 votos asegurados y 37 necesarios para el quórum y la aprobación, el oficialismo busca apoyos de último momento en bloques aliados.

La reforma es considerada estratégica para atraer inversiones mineras bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Sin embargo, el cambio propuesto modifica el criterio de protección ambiental, pasando de un esquema científico uniforme a uno definido por cada provincia.

Qué cambia y por qué preocupa
El proyecto elimina la prohibición expresa de realizar minería en el ambiente periglacial y habilita actividades extractivas en zonas cercanas a glaciares, siempre que las provincias determinen que no afectan reservas hídricas.

Desde sectores ambientalistas advierten que esto implica una menor tutela ambiental a nivel nacional. "Pone en riesgo la protección uniforme de los glaciares en todo el país", señalaron especialistas que cuestionan la constitucionalidad de la iniciativa.

Además, sostienen que la reforma responde a intereses de provincias con fuerte perfil minero y que podría abrir la puerta a la destrucción de reservas estratégicas de agua dulce, un recurso no renovable.

El rol de la Iglesia y la advertencia pública
En medio del debate, la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPAS), dependiente de la Conferencia Episcopal Argentina, difundió una Carta Abierta dirigida a los legisladores en la que expresó su "profunda preocupación" por la posible modificación de la Ley Nº 26.639.

La advertencia se suma a los cuestionamientos de organizaciones ambientales y sectores opositores. "Los glaciares son fuente de agua; no son renovables. Si los destruís, no se regeneran. Se pretende bajar el nivel de protección apelando a cosas que no son científicas sino políticas", afirmó Silvia Alonso, integrante de la Comisión de Ecología Integral de la Pastoral Social.

La votación será determinante no solo para el esquema de inversiones que impulsa el Ejecutivo, sino también para el futuro del régimen de protección ambiental. En un escenario de paridad extrema, la definición podría marcar un punto de inflexión en la política minera y ambiental del país. (Fuente: infobae.com)