Corrupción en Santa Cruz: la Corte evalúa el destino de los bienes decomisados

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 dio un paso decisivo este martes al notificar formalmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la resolución que dispone el decomiso de una extensa lista de bienes inmuebles. Esta medida se da en el marco de la sentencia de la causa "Fernández de Kirchner, Cristina Elisabet y otros", conocida popularmente como la Causa Vialidad.

La resolución, que fue firmada el pasado 18 de noviembre de 2025, fue comunicada a la Dirección de Gestión Interna e Infraestructura del máximo tribunal, área dirigida por Sergio Romero. El objetivo central es poner estos activos a disposición para que la Corte evalúe si pueden ser reutilizados por el propio tribunal o por el Consejo de la Magistratura, amparándose en la normativa vigente que permite asignar bienes del delito a funciones judiciales para mejorar el servicio de justicia.

Impacto en las empresas de Santa Cruz

Esta noticia tiene una repercusión directa en nuestra provincia. La causa investigó el direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz, y los bienes afectados pertenecen mayoritariamente a firmas que operaron durante años en Río Gallegos y el interior provincial.

Entre los activos sujetos a decomiso se encuentran propiedades de Austral Construcciones SA, Kank y Costilla SA, Gotti Hnos. SA y Loscalzo y Del Curto SRL. Asimismo, la medida alcanza a propiedades que fueron cedidas a Máximo y Florencia Kirchner.

La notificación del juez Jorge Gorini, presidente del TOF 2, destaca que la información de estos bienes ya fue inscrita en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Decomisados. Esto es fundamental para garantizar la trazabilidad de los inmuebles que se encuentran en suelo santacruceño y evitar irregularidades en su administración futura.

Cifras millonarias y actualización de montos

Uno de los datos más impactantes de la resolución firme desde junio de 2025 es la actualización del perjuicio económico y, por ende, del monto del decomiso.

Originalmente fijado en poco más de 84 mil millones de pesos, la cifra fue actualizada tras la intervención del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema y peritos oficiales. El monto final que deben cubrir los involucrados asciende a la exorbitante suma de $684.990.350.139,86.

Ante el incumplimiento de la intimación de pago por parte de los condenados, el tribunal activó los mecanismos para el decomiso y futura realización (remate) de los bienes si no son asignados al Poder Judicial. Esto incluye también el patrimonio de ex funcionarios como Nelson Guillermo Periotti, José Francisco López y otros implicados en la maniobra.

Coordinación para evitar duplicidad

En el documento enviado a la Corte, se hace una aclaración técnica importante respecto a un grupo de inmuebles (detallados entre los puntos 51 y 84 de la resolución). El tribunal especificó que esos bienes ya habían sido informados por el Tribunal Oral Federal 4 en otras causas conexas. Esta aclaración busca evitar la duplicidad en los registros y asegurar que la administración de estos activos, muchos de los cuales son terrenos y bases operativas en Santa Cruz, se realice de manera ordenada entre los distintos órganos judiciales. (Fuente: infobae.com)