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Corrupción en Santa Cruz: se acerca la causa "Vialidad II"

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la continuidad del Tribunal Oral Federal N.º 2 en el juicio de Vialidad II, el expediente que investiga irregularidades en 27 obras públicas de Santa Cruz por parte de funcionarios y empresarios vinculados al Grupo Austral. El tribunal también rechazó un planteo de Lázaro Báez contra el decomiso de bienes -recalculado en $685.000 millones- y declaró inadmisible la revisión presentada por el exfuncionario provincial Juan Carlos Villafañe.

Redacción Nuevo Día
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La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal -integrada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña- firmó este martes 2 de diciembre tres resoluciones clave que reactivan el segundo tramo de la causa Vialidad, cuyo eje vuelve a estar en Santa Cruz.

En su decisión principal, el tribunal rechazó una queja de la defensa de Sandro Férgola, exgerente de Obras y Servicios Viales y uno de los acusados en Vialidad II, que pretendía apartar al juez Andrés Basso del Tribunal Oral Federal N.º 2. Los camaristas concluyeron que "no se trata de una resolución susceptible de impugnación" y recordaron que los argumentos ya habían sido desestimados incluso por la Corte Suprema.

Con esto, el TOF 2 queda plenamente habilitado para iniciar el juicio por presuntas irregularidades en 27 expedientes de obra pública en Santa Cruz, en los que están imputados Férgola, Martín Báez, Julio Mendoza y Fernando Butti, entre otros.

27 obras bajo la lupa y un vínculo directo con Austral Construcciones

Vialidad II es una ramificación directa del expediente que ya fue juzgado y que analizó 51 contratos adjudicados al Grupo Austral entre 2003 y 2015. En este nuevo tramo, la acusación -a cargo de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola- sostiene que existió un entramado sistemático que habría beneficiado a las empresas de Lázaro Báez mediante obras inconclusas, sobrevaluadas y adjudicaciones concentradas.

El análisis se centra en obras ejecutadas en rutas y caminos provinciales, muchas de ellas en zonas claves del interior santacruceño.

Tras la confirmación de las condenas del primer juicio -incluida la de Báez y exfuncionarios nacionales como José López y Nelson Periotti, además de Cristina Fernández de Kirchner como coautora de administración fraudulenta- la continuidad de Vialidad II vuelve a poner en debate el uso de fondos nacionales aplicados a la obra pública santacruceña durante más de una década.

Báez, el decomiso millonario y una revisión rechazada a un exfuncionario de Vialidad Santa Cruz

En otra de las resoluciones, Casación rechazó un planteo de Lázaro Báez contra la ejecución del decomiso ordenado en Vialidad I, que fue recalculado por la Corte Suprema en $685.000 millones. La defensa pretendía que interviniera el Tribunal Oral Federal N.º 4, que juzgó al empresario en "La ruta del dinero K", pero el camarista Borinsky sostuvo que "es el tribunal que dictó la sentencia el encargado de materializar las sanciones".

La tercera resolución del día también involucra a Santa Cruz: la Sala IV declaró "inadmisible" la revisión solicitada por Juan Carlos Villafañe, exdirector de la Administración General de Vialidad provincial, condenado a cinco años de prisión. Su defensa alegaba prescripción, pero los jueces señalaron que no existían circunstancias nuevas que habilitaran reabrir una sentencia firme.

Las decisiones, que llegan a casi seis meses de que la Corte Suprema dejara firmes las condenas de Vialidad I, vuelven a enfocar la discusión judicial en la obra pública de Santa Cruz y en los vínculos entre el Estado provincial, organismos nacionales y empresarios que dominaron el esquema de contrataciones durante los años investigados. (Fuente: infobae.com)

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