Corrupción en Santa Cruz: venció el plazo para que los condenados devuelvan el dinero
Cristina Kirchner y otros ocho condenados por el caso Vialidad, que expuso una maniobra de corrupción en obras públicas de Santa Cruz, incumplieron el pago del decomiso de U$S 537 millones impuesto por el Tribunal Oral Federal 2. El juez Jorge Gorini podrá iniciar la ejecución de bienes embargados para cubrir la cifra.
Este miércoles a las 9.30 venció el plazo otorgado por el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) para que Cristina Kirchner y los demás condenados por el caso Vialidad pagaran el decomiso de U$S 537 millones, ordenado como restitución por el daño ocasionado en una trama de corrupción que tuvo como epicentro la provincia de Santa Cruz. La investigación judicial reveló que, entre 2003 y 2015, 51 procesos licitatorios fueron direccionados en favor de empresas de Lázaro Báez, beneficiando de manera indebida a un solo grupo empresario.
En la nómina de condenados también figuran Báez, el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, José López, Mauricio Collareda, Raúl Daruich, Raúl Pavesi, José Raúl Santibáñez y Juan Carlos Villafañe.
Embargos millonarios y bienes en la mira
Ante el incumplimiento, el juez Jorge Gorini quedó habilitado para iniciar la ejecución patrimonial. Además, dispuso ampliar los embargos sobre bienes inmuebles de todos los condenados hasta alcanzar $684.990.350.139,86, solicitando a los registros pertinentes la actualización de los montos.
Cristina Kirchner solicitó frenar esta instancia y cuestionó el cálculo oficial, proponiendo en cambio una cifra de poco más de $42.000 millones según su perito. También alegó que su patrimonio -que afirmó es legítimo- no fue producto de la maniobra investigada.
La disputa por los bienes y el alcance del decomiso
La discusión ahora pasa por determinar si las donaciones que la ex presidenta hizo en 2016 a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, pueden ser alcanzadas por el decomiso. Expertos judiciales explicaron que, si se demuestra que fueron realizadas para eludir medidas cautelares, podrían considerarse "títulos imperfectos" y ser ejecutadas. Otros sostienen que, al consolidarse en el patrimonio de terceros, quedan fuera del alcance penal.
La resolución sobre la suspensión del decomiso y el cálculo final de la deuda quedará en manos de la Cámara de Casación. Mientras tanto, el caso Vialidad sigue marcando un precedente en causas de corrupción vinculadas a la obra pública en Santa Cruz.
(Fuente: Lucía Salinas - clarin.com)
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