Crisis en la Justicia: la jueza Renée Fernández ordenó no acatar instrucciones del juez Mariani que también reclama la presidencia

A través de una nota formal dirigida a "todos los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Provincia de Santa Cruz", la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, encabezada por la Dra. Renée Guadalupe Fernández, dispuso que el personal "deberá abstenerse, de manera estricta e inmediata, de recibir o acatar instrucciones, directivas u órdenes emanadas del Dr. Daniel Mauricio Mariani", cualquiera sea el medio de comunicación.

El documento, firmado por Fernández, advierte además que solo ella ejerce actualmente y en plenitud de funciones la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, en tanto "única autoridad institucional investida con facultades para impartir directivas, disposiciones o instrucciones generales o particulares".

Dos presidencias en pugna
La medida agrava el conflicto interno que atraviesa el máximo tribunal de justicia de Santa Cruz, que desde hace días permanece dividido entre dos sectores.

Por un lado, el encabezado por Fernández, que sostiene su autoridad en la continuidad institucional y en la vigencia de las normas que rigen el funcionamiento del TSJ.

Por el otro, el sector del juez Daniel Mariani, quien también se atribuye la presidencia del cuerpo, luego de las recientes modificaciones introducidas por la Ley Provincial N° 3949, que amplió la cantidad de vocales de cinco a nueve.

El escenario se enmarca en una fuerte tensión política y judicial, con pronunciamientos cruzados, recusaciones y medidas cautelares que han puesto al tribunal en una situación inédita en la historia judicial santacruceña.

Contexto de fondo
La circular firmada por Fernández llega después de que el propio TSJ dictara una medida cautelar suspendiendo por cuatro meses los efectos de la Ley 3949, a raíz de una acción de inconstitucionalidad promovida por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales "3 de Julio".

Dicha norma, cuestionada por sectores sindicales y políticos, es la que habilitó la ampliación del número de vocales, lo que derivó en nuevas designaciones aprobadas por la Legislatura.

En ese marco, la disputa sobre quién encabeza el Tribunal refleja la falta de consenso interno sobre la legitimidad de las recientes incorporaciones y la vigencia efectiva de la ley suspendida.

Una crisis institucional sin precedentes
La decisión de Fernández de ordenar expresamente al personal no acatar órdenes de Mariani constituye un hecho sin antecedentes recientes en el Poder Judicial provincial.

La coexistencia de dos autoridades que se reconocen como legítimas plantea interrogantes sobre la validez de los actos administrativos y jurisdiccionales que se emitan desde el TSJ mientras se mantenga la disputa.

El conflicto, que ya genera preocupación en ámbitos políticos y gremiales, podría requerir la intervención de instancias federales si no se logra una solución institucional en los próximos días.

(Fuente: El Diario Nuevo Día)