"Cumplan la ley": el Consejo Interuniversitario Nacional exigió al Gobierno el financiamiento de las universidades para garantizar las clases

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a las universidades públicas del país, envió una carta al Gobierno nacional en la que reclamó el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y cuestionó el planteo oficial sobre la situación del sistema educativo.

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La respuesta se dio luego de que la Subsecretaría correspondiente solicitara a las casas de estudio que informaran, en un plazo de 48 horas, las medidas adoptadas para garantizar la continuidad pedagógica frente a las medidas de fuerza impulsadas por docentes y nodocentes.

En ese contexto, las autoridades universitarias fueron contundentes y plantearon que las instituciones "permanecen abiertas, en funcionamiento y plenamente comprometidas con su misión", aunque advirtieron que el escenario actual está atravesado por una crisis estructural vinculada al financiamiento.

"El incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Poder Ejecutivo Nacional constituye el eje central del conflicto", señalaron en el documento, y remarcaron que se trata de una norma aprobada con amplios consensos parlamentarios, incluso con mayorías calificadas.

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Desde el CIN sostuvieron que desconocer esa legislación "implica una alteración profunda del principio republicano de división de poderes" y genera un impacto directo en las condiciones materiales del sistema universitario, afectando salarios, funcionamiento institucional y el desarrollo de actividades académicas, científicas y de extensión.

En la carta también rechazaron que la responsabilidad por la situación recaiga en las universidades. "Las instituciones no son la causa de esta crisis", afirmaron, y explicaron que las tensiones actuales derivan del incumplimiento de obligaciones legales por parte del Estado nacional.

A su vez, reivindicaron principios como la autonomía universitaria, el cogobierno y la autarquía, establecidos en la Constitución Nacional y la Ley de Educación Superior. En ese sentido, aclararon que las decisiones vinculadas a calendarios académicos, evaluaciones y modalidades pedagógicas son definidas por los propios órganos universitarios, en el marco de sus competencias.

Si bien ratificaron la voluntad de sostener la continuidad educativa y el funcionamiento del sistema, advirtieron que "ninguna exigencia de operatividad puede desvincularse de la obligación primaria del Estado de garantizar el financiamiento".

Finalmente, desde el CIN manifestaron su disposición al diálogo institucional, pero insistieron en que la defensa de la educación pública requiere el cumplimiento efectivo de las leyes vigentes. La carta fue firmada por el presidente del organismo, Franco Bartolacci, y el vicepresidente, Anselmo Torres.

(El Diario Nuevo Día)