D'Amico pidió al Banco Santa Cruz que no retenga asignaciones familiares de trabajadores municipales

La petición fue realizada mediante una nota dirigida al gerente general de la entidad crediticia, Marcelo Loncón, donde la concejal expuso la preocupación ante denuncias efectuadas por un número significativo de empleados que habrían sufrido débitos sobre esos fondos.

Según explicó D'Amico, el Municipio remitió las liquidaciones salariales conforme a los procedimientos habituales, con los conceptos correctamente discriminados entre remunerativos y no remunerativos, incluyendo las asignaciones familiares bajo los códigos correspondientes. Sin embargo, indicó que pese a ello se registraron descuentos considerados improcedentes.

En ese marco, la edil recordó que el artículo 23 de la Ley Nacional N° 24.714 establece de manera expresa que las asignaciones familiares son inembargables, no constituyen remuneración ni están sujetas a gravámenes, y que tampoco deben ser consideradas para el cálculo del aguinaldo, indemnizaciones u otros conceptos salariales.

"La norma no admite interpretaciones ni excepciones: las asignaciones familiares son absolutamente inembargables, cualquiera sea el origen del débito o la naturaleza de la deuda que pudiera tener el beneficiario", sostuvo D'Amico, quien además remarcó el carácter alimentario de estas prestaciones.

La presidenta del Concejo Deliberante subrayó que estos fondos están destinados a garantizar la cobertura de necesidades básicas de niños, niñas y adolescentes, por lo que deben contar con una tutela reforzada por parte del Estado y de todas las instituciones involucradas en su pago y administración.

Asimismo, citó el principio del interés superior del niño, consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño y con jerarquía constitucional, el cual obliga a priorizar la protección integral de los menores en toda decisión administrativa o financiera que los afecte.

Finalmente, D'Amico solicitó al Banco Santa Cruz que adopte de manera inmediata las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de descuento sobre las asignaciones familiares, que revise las operaciones ya realizadas y, en caso de corresponder, proceda a la restitución de los montos debitados, garantizando que a futuro estos beneficios sean tratados conforme a su naturaleza jurídica y al marco legal vigente.