Demoras en la investigación por la muerte de los mineros en Cerro Negro

La investigación judicial por la muerte de los mineros Roxana Ledesma y Daniel Ochoa, ocurrida en la mina Cerro Negro, sigue sin respuestas claras a casi un año del trágico episodio. En una entrevista con el programa La Otra Gestión de Radio Nuevo Día 100.9, el fiscal Ariel Candia, a cargo de la causa, reconoció que el proceso judicial avanza lentamente y que la instrucción se encuentra en un 50% de avance, sin que hasta el momento se haya determinado la responsabilidad penal de los hechos.

Uno de los aspectos más preocupantes es la demora en los estudios forenses. Candia explicó que, aunque los órganos de las víctimas fueron extraídos en abril de 2024 para análisis toxicológicos, los turnos en los laboratorios especializados recién se solicitaron en octubre. Actualmente, los familiares de los mineros fallecidos aún desconocen dónde se encuentran las muestras ni cuándo podrán conocer los resultados definitivos.

El fiscal detalló que la investigación ha sido compleja debido a que los hechos ocurrieron en una mina subterránea, donde la mayoría de las pruebas y registros están en poder de la empresa Newmont. Según las pericias, Ledesma y Ochoa ingresaron a una zona inhabilitada, donde la falta de ventilación y la presencia de gases tóxicos resultaron letales. Candia indicó que la cartelería de advertencia estaba en el suelo y que los trabajadores se encontraban a 70 metros dentro de la zona restringida, sin los elementos de seguridad adecuados, como detectores de gases.

Otro factor que complica la causa es la falta de documentación clave por parte de la empresa minera. "A veces la información se borra o los registros no aparecen", advirtió Candia, en referencia a los controles de ingreso y la provisión de equipos de seguridad.

Respecto a las responsabilidades, el fiscal señaló que aún no hay imputados y que se está evaluando si las omisiones de control por parte de la empresa pueden configurar un delito como abandono de persona. "Todavía no hemos requerido la instrucción formal contra ninguna persona. Hay responsabilidades administrativas y civiles evidentes, pero la penal aún está en análisis", explicó.

Candia estimó que en los próximos meses podrían realizarse citaciones a indagatoria, pero reconoció que aún falta trabajo por hacer. "Si bien la prueba recolectada es mucha, falta determinar si las omisiones de control por parte de la empresa y sus responsables configuran un delito penal", concluyó.

Mientras tanto, los familiares de las víctimas continúan exigiendo respuestas y justicia, cuestionando la lentitud del proceso judicial y la falta de claridad en los avances de la causa.

(Fuente: El Diario Nuevo Día)