Denuncia contra los Grasso: "adjudicaciones a exfuncionarios", personas con puntaje "que no fueron respetadas" y auditoría de Nación

El Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV) se encuentra en el centro de la atención pública tras las denuncias realizadas por su presidente, Cristian Mansilla, contra los ex titulares del organismo, Pablo y María Grasso. La denuncia, presentada ante la justicia, expone supuestas irregularidades en la adjudicación de terrenos en el barrio El Faro de Río Gallegos.

"Nos encontramos con adjudicaciones realizadas de manera arbitraria a exfuncionarios y allegados. Se asignaron terrenos de 30 por 40 metros en zonas privilegiadas, como la costanera, mientras que las familias que esperan desde hace años reciben lotes de 15 por 25 metros en áreas alejadas", criticó Mansilla en diálogo con Radio Nuevo Día. Además, señaló que estas entregas se realizaron sin respetar los requisitos del sistema de puntaje ni verificar si los adjudicatarios poseían otras propiedades.

En paralelo a estas denuncias, indicó que el Gobierno Nacional está realizando auditorías en Piedra Buena, Puerto Santa Cruz y Río Gallegos. Estas auditorías, a cargo de un equipo enviado por Nación, se enfocan en viviendas financiadas con fondos FONAVI. "Vinieron cuatro auditores que revisaron expedientes y visitaron obras en distintas localidades de la provincia. El control es exhaustivo y abarca toda la provincia", explicó Mansilla.

El titular del IDUV también destacó que muchas viviendas fueron entregadas en condiciones deficientes. "Nos encontramos con inmuebles entregados sin terminar, lo que perjudicó enormemente a las familias adjudicatarias. Esto no solo implica un gasto extra para quienes las recibieron, sino que además las expone al deterioro por el clima", agregó.

Mansilla subrayó la importancia de respetar el sistema de puntaje para las adjudicaciones, que sigue vigente y prioriza factores como la antigüedad en los listados y las necesidades socioeconómicas. "Tenemos casos de personas con el puntaje máximo, 50 puntos, que no fueron respetados durante las últimas entregas. Eso es algo que estamos trabajando para corregir", aseguró.

Consultado sobre las posibles consecuencias de la denuncia contra los Grasso, Mansilla destacó que será la justicia quien determine los pasos a seguir. "Nosotros cumplimos con nuestro deber al presentar la denuncia. Ahora será el juez quien decida si las adjudicaciones fueron irregulares y qué sucederá con los terrenos involucrados", marcó.

  En cuanto al futuro, anunció el inicio de la construcción de 56 nuevas viviendas en el barrio San Benito, como parte de un plan provincial que prevé la construcción de mil unidades habitacionales en Santa Cruz. "Este proyecto es una respuesta concreta a la crisis habitacional, pero nuestra prioridad es garantizar que los procesos sean transparentes y equitativos", concluyó.