Denuncia por falsificación de documentos y maniobra gremial en una localidad santacruceña

Una presentación judicial del abogado Fabricio Carbone Miele advierte la existencia de una presunta operación fraudulenta para legitimar como delegado gremial a Fabio Dante Cattani, en el marco de la interna por el control de la UOCRA Puerto Deseado. 

De acuerdo con el escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción local, se habrían utilizado documentos falsos -entre ellos "altas" y "bajas" laborales de la ARCA (ex AFIP) y fichas de afiliación sindical adulteradas- con el fin de simular una relación laboral inexistente entre Cattani, Rubén Sepúlveda y Gastón Palacios, bajo la supuesta empleadora del empresario Martín Enrique Sandoval.

El organismo tributario fue categórico: ninguno de los tres figuraba como empleado registrado durante el período en cuestión. Pese a ello, Sandoval presentó el 30 de julio de 2025 una nota ante el Ministerio de Trabajo de Santa Cruz, donde notificaba que Cattani era delegado de la obra correspondiente a la sede del Sindicato de Empleados Judiciales "3 de Julio". 

Esa documentación, según la defensa, carece de validez y habría sido fabricada para inducir a error a las autoridades laborales. Carbone Miele solicitó que se dé vista inmediata a los fiscales provincial y federal, por la posible comisión de los delitos de falsificación de instrumentos públicos y privados y estafa procesal. 

El escrito también cuestiona la falta de control del comitente de la obra, que debía verificar la legalidad de las registraciones laborales y sindicales.

"Lo que se presentó como una manifestación pacífica fue, en realidad, el resultado de una maniobra armada con documentos apócrifos para manipular una disputa gremial", sostiene el abogado en su presentación.

De confirmarse las irregularidades, el caso podría derivar en una investigación penal de alcance provincial y federal, al comprometer organismos oficiales y documentación pública. 

El expediente expone un nuevo capítulo de las tensiones que atraviesan al sector de la construcción en Santa Cruz, donde los conflictos de poder gremial vuelven a cruzar la línea de la legalidad.