Denuncian violencia de género y abuso de poder en la Industrial N°5 de Río Turbio

Los vocales del Consejo Provincial de Educación por Escuelas Públicas y Privadas, Pedro Cormack y Gloria Robles, denunciaron públicamente una situación que calificaron como de "extrema gravedad institucional" en la Escuela Industrial N°5 de Río Turbio, donde dos docentes denunciaron al director y al vicedirector por abuso de poder y violencia de género, una de las causas caratulada como abuso sexual simple.

Según expresaron, las denuncias "no sólo existen, sino que fueron presentadas por escrito ante la Presidencia del Consejo Provincial de Educación y además radicadas en sede policial y judicial en Río Turbio", sin que hasta el momento el organismo haya adoptado medidas concretas. "Esta situación no puede ni debe seguir siendo silenciada", afirmaron.

"La inacción no es un error, es encubrimiento"

En el documento difundido, los vocales apuntaron también a la falta de intervención de otros estamentos del sistema educativo. "La inacción de la Supervisión y de la Dirección de Nivel ha contribuido a sostener un clima de protección corporativa, donde se prioriza el resguardo de las autoridades denunciadas por sobre la integridad, la salud y los derechos de las trabajadoras", señalaron.

Para Cormack y Robles, este accionar "no es un error administrativo, sino una forma activa de encubrimiento", más aún cuando -según remarcaron- el propio Área de Asuntos Jurídicos del CPE ha impulsado investigaciones administrativas con separación preventiva de cargos "por situaciones infinitamente menos graves". "La vara no puede cambiar según quién esté denunciado", advirtieron.

Revictimización y violencia institucional

Los vocales describieron además las consecuencias que esta falta de respuestas tuvo sobre las docentes denunciantes. Indicaron que una de ellas continúa dentro de la institución "confinada en un espacio reducido y apartada de su ámbito habitual de trabajo", en lo que definieron como una práctica "disciplinadora, humillante y profundamente revictimizante".

La otra docente, señalaron, "se vio forzada a abandonar su lugar de trabajo por un grave desborde emocional", producto del hostigamiento sostenido y la ausencia de protección estatal. "Cuando el Estado no protege, expulsa. Y eso también es violencia institucional", sostuvieron.

En ese marco, también cuestionaron la reiterada recomendación de recurrir al artículo 11, correspondiente a licencias médicas, como respuesta ante situaciones de violencia de género. "Obligar a encubrir la violencia bajo una licencia médica no es cuidado: es abandono y desprotección", afirmaron, y remarcaron que esta práctica vulnera el Acuerdo 189/18 y la normativa vigente.

"La inacción es complicidad"

Finalmente, Cormack y Robles fueron categóricos al responsabilizar políticamente al Consejo Provincial de Educación. "Si el CPE no interviene de manera urgente, garantizando una investigación externa e independiente y reparando el daño causado, la responsabilidad dejará de ser individual y pasará a ser plenamente política", advirtieron.

"Cada día de inacción consolida la impunidad y envía un mensaje devastador a todas las mujeres y diversidades del sistema educativo", expresaron, y concluyeron: "En este contexto, la inacción no es neutralidad. Es complicidad. El Consejo Provincial de Educación tiene la obligación jurídica, ética y política de poner fin de manera inmediata y contundente a esta situación". (Fuente: El Diario Nuevo Día)