Docentes y no docentes universitarios van al paro tras la negativa del Gobierno a aplicar la Ley de Financiamiento

El sistema universitario nacional se prepara para una nueva medida de fuerza en rechazo a la decisión del presidente Javier Milei de no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que había sido aprobada por amplia mayoría en el Congreso y ratificada tras el veto presidencial.

Desde la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios (CONADU Histórica), gremio al que pertenece la ADIPUNPA de Santa Cruz, se confirmó un paro nacional de 48 horas para los días lunes 21 y martes 22 de octubre.

El comunicado señala que "hoy, lunes 20 de octubre, vence el plazo para la promulgación. El presidente Milei anunció su negativa a aplicarla, violando toda norma básica de la democracia y de la separación de poderes del Estado".

Los docentes reclaman además la inmediata convocatoria a paritarias y la aplicación efectiva de la ley, en un contexto de fuerte deterioro salarial y presupuestario en las universidades públicas del país.

Los no docentes también adhieren

Por su parte, la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), a la que adhiere ATUNPA, anunció un paro nacional de 24 horas sin concurrencia a los lugares de trabajo para el martes 21 de octubre.

En su comunicado, FATUN expresó: "Ante el incumplimiento por parte del Poder Ejecutivo Nacional de promulgar la Ley de Financiamiento Universitario en el Boletín Oficial, realizamos un paro de 24 horas. Iniciaremos además las acciones legales pertinentes, en forma coordinada con el CIN y el Frente Sindical Universitario, para garantizar su plena aplicación".

Unidad en el reclamo universitario

Ambas federaciones, que integran el Frente Sindical Universitario, advirtieron que las medidas continuarán si el Gobierno nacional mantiene su decisión de desconocer una ley sancionada democráticamente.

Desde los gremios señalaron que el desfinanciamiento afecta no solo los salarios de docentes y no docentes, sino también el funcionamiento de las universidades, la investigación, la extensión y las becas estudiantiles.

La Ley de Financiamiento Universitario establece un incremento progresivo del presupuesto destinado a las universidades nacionales, garantizando el sostenimiento de las instituciones, los salarios y las políticas de inclusión.