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Ejecución de los bienes de Cristina Kirchner: 26 propiedades entre Santa Cruz y Buenos Aires, cuentas bancarias y tres sociedades emblemáticas

El juez federal ejecutará bienes embargados de los nueve condenados, incluyendo propiedades y cuentas de la familia Kirchner.

Redacción Nuevo Día
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El juez federal Jorge Gorini se dispone a avanzar con la ejecución patrimonial en la causa Vialidad, luego de que los condenados no depositaran voluntariamente el decomiso de US$537 millones.

La medida afectará a un amplio listado de bienes, incluidos los de la familia Kirchner, en cumplimiento de lo solicitado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola para "recuperar parte del dinero producto de la corrupción".


Los bienes en la mira: propiedades, cuentas y sociedades

El patrimonio de los Kirchner figura detallado en un inventario de 40 páginas que contempla 26 propiedades en Santa Cruz y Ciudad de Buenos Aires, varias cuentas bancarias y tres sociedades emblemáticas: Los Sauces SA, Hotesur SA y COMA SA.

Muchas de estas propiedades fueron cedidas por Cristina Kirchner a sus hijos, pero siguen cauteladas. Fuentes judiciales indicaron que la donación "a título gratuito" es un título imperfecto, que puede ser cuestionado y alcanzado por la ejecución.

En la lista que armaron los fiscales hay seis cajas de ahorro en pesos y dólares en el Banco Galicia a nombre de Cristina Kirchner. Además, cuatro plazos fijos en el Banco de Santa Cruz, una caja de ahorro en el Banco Nación y cuatro cuentas comitentes abiertas en la Caja de Valores para realizar inversiones.

Asimismo, aparece la casa de Río Gallegos y la residencia de El Calafate, entre otras. La ex vicepresidenta conserva sólo el usufructo de los inmuebles.

"La finalidad es dar un mensaje claro a la sociedad sobre el impacto positivo de la recuperación de activos de origen ilícito", señalaron desde el Ministerio Público Fiscal.


Objeciones de la defensa y próximo paso judicial

La defensa de Cristina Kirchner solicitó suspender el proceso alegando que el monto reclamado es incorrecto. El Tribunal Oral Federal N° 2 deberá resolver y, en caso de apelación, la decisión pasará a la Cámara de Casación.

Mientras tanto, Gorini implementará el Reglamento de la Corte Suprema para el registro obligatorio de bienes secuestrados y decomisados, que podrán ser destinados a la Corte, al Consejo de la Magistratura, al Ministerio Público Fiscal y a fuerzas de seguridad.

Con información de Clarín

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