El Concejo Deliberante intimó al Municipio a desalojar oficinas de Políticas Públicas

Un nuevo foco de tensión institucional se abrió en Río Gallegos tras la decisión del Concejo Deliberante de solicitar el desalojo de oficinas ocupadas por el Departamento Municipal de Coordinación de Políticas Públicas. La medida fue comunicada mediante una nota dirigida al intendente Pablo Grasso.

El escrito, firmado por la presidenta del Concejo Deliberante, Daniela D'Amico, establece un plazo de 15 días para liberar los espacios actualmente utilizados por distintas áreas municipales. Según se detalla, el pedido se basa en cuestiones administrativas vinculadas al uso de las oficinas dentro del edificio legislativo.

Áreas afectadas y alcance de la medida

El eventual desalojo impacta de manera directa en un conjunto de dependencias que trabajan con sectores sociales diversos. En ese espacio funcionan los consejos municipales del Adulto Mayor y de Discapacidad, además de otros ámbitos de participación ciudadana, la Oficina de Empleo y el Programa de Inserción Laboral.

Desde el Ejecutivo municipal, la secretaria de Desarrollo Comunitario, Mónica Gutiérrez, cuestionó la decisión y sostuvo que se trata de una medida que "vulnera un espacio que no solo capacita para la inclusión laboral, sino que también promueve derechos humanos y el desarrollo de la comunidad". Además, recordó que la Coordinación de Políticas Públicas fue creada en 2004, durante la gestión del exintendente Héctor "Pirincho" Roquel, con el objetivo de impulsar programas y proyectos sociales.

Un área con continuidad y trabajo territorial

El Departamento de Coordinación de Políticas Públicas funciona desde 2016 en un sector del edificio del Concejo Deliberante y, según remarcan desde el Municipio, ha mantenido su actividad a lo largo de distintas gestiones. En los últimos años, incluso, se fortaleció el trabajo con la incorporación de nuevas tecnologías y programas de formación.

Actualmente, el área nuclea nueve consejos de participación ciudadana integrados por organizaciones de la sociedad civil y organismos estatales de los distintos niveles. Entre ellos se encuentran los consejos de Niñez y Adolescencia, Pueblos Originarios, Discapacidad, Nocturnidad, Adulto Mayor, Cultura, Economía Social y Solidaria, Deporte, Diversidad y Disidencias.

También funciona allí la Oficina de Empleo Municipal, creada por decreto en 2014, que acompaña a personas en situación de desempleo a través de programas nacionales como Fomentar Empleo, Volver al Trabajo y el Programa de Inserción Laboral. A esto se suma la Oficina de Formación e Inclusión Sociolaboral y un laboratorio de impresión 3D orientado a mejorar la accesibilidad de personas con discapacidad y a brindar capacitaciones abiertas a la comunidad.

Mientras se aguarda una definición sobre el futuro de las oficinas, desde el Municipio advierten que el pedido de desalojo no solo implica una cuestión edilicia, sino que pone en riesgo el funcionamiento de políticas públicas destinadas a cientos de vecinos y vecinas de la ciudad. (Fuente: El Diario Nuevo Día)