El Gobierno de Santa Cruz impulsa medidas para fortalecer la competitividad del sector pesquero y destrabar el conflicto con SOMU
El gobernador Claudio Vidal participó de una reunión del Consejo Federal Pesquero y mantuvo un encuentro con el subsecretario nacional Juan Antonio López Cazorla, donde propuso suspender las retenciones al langostino en 2025 y presentó medidas para reducir costos operativos. El objetivo es destrabar el conflicto con el gremio SOMU y reactivar la competitividad del sector.
Durante su participación en el Consejo Federal Pesquero en Buenos Aires, el gobernador Claudio Vidal mantuvo un encuentro clave con el subsecretario de Pesca de la Nación, Juan Antonio López Cazorla. En esa instancia, presentó una serie de propuestas orientadas a fortalecer la competitividad de la actividad pesquera, con especial foco en la problemática del langostino.
Uno de los planteos centrales fue la suspensión de los derechos de exportación sobre el langostino para el año 2025. Actualmente, estas retenciones oscilan entre el 1% y el 3%, dependiendo del tipo de presentación y empaque del producto. Aunque los porcentajes parezcan bajos, su eliminación representaría un alivio importante para las empresas, especialmente en un contexto de conflicto con el Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), que aún no encuentra resolución.
El subsecretario de Coordinación Pesquera en Santa Cruz, Fernando Marcos
En diálogo con LU14 Radio Provincia, el subsecretario de Coordinación Pesquera de Santa Cruz, Fernando Marcos, destacó que "el gobernador está preocupado y ocupado permanentemente por la situación del sector pesquero", y agregó que "se está trabajando junto al gremio SOMU en medidas que permitan destrabar el conflicto".
El enfrentamiento entre las empresas y el sindicato se arrastra desde hace tiempo y tiene alcance nacional. El eje del problema gira en torno al Convenio Colectivo de Trabajo firmado en 2005, que establece el pago en dólares para el personal embarcado. Sin embargo, el precio internacional del langostino cayó de los USD 11.000/12.000 por tonelada a cerca de USD 5.500/6.000, generando un desfasaje en los costos que llevó a las empresas a pedir una baja salarial del 30%, algo que fue rechazado por el sindicato.
Además de la propuesta de eliminar las retenciones, el Gobierno de Santa Cruz impulsó medidas complementarias para acompañar al sector:
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Reducción del 2,5% en el costo del combustible para barcos que cargan en Puerto Deseado.
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Exención durante cuatro meses de las tasas portuarias para buques que descarguen en ese puerto.
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Reparación urgente de los sitios 3 y 4, actualmente fuera de funcionamiento.
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Habilitación de un espacio secundario en el muelle para bajar costos aduaneros.
Estas acciones forman parte de un plan más amplio que busca no solo destrabar el conflicto gremial, sino también atraer inversiones y mejorar la infraestructura del sector. "La cadena de valor pesquera es muy amplia, va más allá del barco: incluye estibadores, plantas de procesamiento, transporte", detalló Marcos.
Desde el Ejecutivo provincial insisten en que una solución duradera requiere diálogo constante entre el Estado, las empresas y los trabajadores, para preservar el empleo y la sustentabilidad de una de las actividades productivas clave para Santa Cruz.