El Gobierno de Santa Cruz presentó un recurso ante la Corte Suprema tras el rechazo del Tribunal Superior a tratar la ampliación del número de jueces

El Gobierno de Santa Cruz avanzó con una presentación ante la Corte Suprema de la Nación en medio del conflicto con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

La medida se da luego de que el máximo tribunal provincial rechazara tratar un recurso extraordinario vinculado a la ley que ampliaba la cantidad de jueces. Ante esta situación, la provincia decidió presentar un recurso de queja para que el caso sea revisado a nivel nacional.

"Estamos frente a una Justicia que actúa como oposición", sostuvo el gobernador Claudio Vidal, quien además calificó la situación como de "gravedad institucional".

Críticas al Tribunal Superior y acusaciones políticas

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la decisión del TSJ no solo es cuestionable desde lo legal, sino que también tiene un trasfondo político.

"Actúan de forma destituyente", afirmó Vidal, quien apuntó directamente contra los jueces del tribunal. Según el mandatario, existe una conducta sistemática que busca frenar decisiones del Gobierno y de la Legislatura.

En la presentación ante la Corte, la Fiscalía de Estado argumentó que el rechazo del recurso extraordinario fue arbitrario y evitó que el tema pueda ser analizado en profundidad en una instancia superior.

El impacto institucional y económico en debate

El Gobierno provincial busca ahora que la Corte Suprema declare mal denegado el recurso y habilite su tratamiento, incluyendo la validez de la ley que ampliaba el número de jueces del TSJ.

"Buscan desfinanciar al Estado y condicionar al Gobierno", expresó Vidal, quien también cuestionó decisiones recientes del tribunal.

En ese sentido, el gobernador criticó la intimación judicial para otorgar un aumento salarial del 50% al Poder Judicial, lo que llevaría los ingresos de magistrados a superar los 25 millones de pesos mensuales.

"Es una medida irresponsable en un momento crítico", advirtió, al remarcar que estas resoluciones ponen en riesgo el equilibrio de las cuentas públicas.