El Gobierno provincial y el Municipio de El Calafate se acusan por deudas millonarias y crece la tensión política

El vínculo entre el Gobierno de Santa Cruz y la Municipalidad de El Calafate volvió a tensarse, esta vez por un cruce público de acusaciones vinculadas a deudas millonarias que cada parte atribuye a la otra. El conflicto, lejos de resolverse en el plano administrativo, se trasladó al debate político.

Desde El Calafate, el concejal Leonardo Mardones fue uno de los primeros en responder y cuestionó duramente los señalamientos del Ejecutivo provincial. A través de sus redes sociales, sostuvo que la Provincia mantiene con el municipio una deuda "muy superior" a la que ahora reclama.

Según el edil, solo en concepto de redes de gas, una obligación que atribuyó a Distrigas, el Gobierno provincial adeuda a la ciudad turística más de 175.000 millones de pesos. "La Provincia le debe a El Calafate 44 veces más de lo que dice que se le debe", afirmó.

Las acusaciones del Gobierno provincial

El origen del cruce se dio tras declaraciones del secretario de Estado provincial, Rodrigo Suárez, quien puso el foco en la situación financiera del municipio. El funcionario aseguró que la comuna mantiene cerca de 26.000 millones de pesos en plazos fijos, mientras acumula deudas por más de 12.000 millones con distintos organismos provinciales.

Entre los entes mencionados figuran la Caja de Previsión Social, la Caja de Servicios Sociales, Servicios Públicos, ISPRO y Distrigas. Para Suárez, la existencia de fondos inmovilizados contrasta con el incumplimiento de obligaciones que afectan el funcionamiento del Estado provincial.

En ese marco, el secretario sostuvo que se trata de una decisión política que termina impactando en trabajadores, jubilados y vecinos, al no utilizarse recursos disponibles para regularizar los compromisos.

Un conflicto político sin salida administrativa

Más allá de los números, el intercambio expuso una disputa de fondo entre Provincia y Municipio, en un escenario donde no existe un mecanismo formal de compensación de deudas entre ambas jurisdicciones.

La falta de herramientas institucionales para saldar estos pasivos cruzados deja el conflicto atrapado en el plano político, sin instancias claras de auditoría conjunta ni canales administrativos que permitan ordenar las cuentas y descomprimir la tensión.

Con información de Señal Calafate