El Congreso podría derogar la Ley de Precio Único para los libros: organizaciones señalaron que esto tendrá impacto en su impacto en librerías y editoriales

Las principales entidades que integran la cadena del libro en Argentina difundieron un documento conjunto en el que expresan su rechazo al proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para derogar la Ley 25.542 de Defensa de la Actividad Librera, conocida como la Ley de Precio Único del Libro, y modificar aspectos de la Ley 25.446 de Fomento del Libro y la Lectura.

En el comunicado, las organizaciones señalaron que se trata del segundo intento en poco más de dos años de eliminar la normativa y remarcaron que la iniciativa no fue solicitada por ninguno de los actores del sector, entre ellos autores, editores, distribuidores, libreros y promotores de la lectura.

"El Estado no fija el precio de los libros"

Uno de los principales argumentos del documento apunta a desmentir que la legislación implique una intervención estatal en los valores de venta.

Según explicaron, el precio de cada libro es definido por el editor o el importador, mientras que la ley únicamente establece que ese valor sea respetado de manera uniforme en toda la cadena comercial.

Las entidades sostienen que este sistema evita que los libros sean utilizados como "productos gancho" para concentrar el mercado en grandes cadenas o plataformas de venta, preservando así la competencia entre librerías de distintos tamaños.

Advierten que la eliminación de la ley no abaratará los libros

El comunicado también cuestiona uno de los argumentos del Gobierno nacional respecto de que la derogación favorecería una reducción de precios.

Para respaldar esa postura, las organizaciones citaron experiencias internacionales. Mencionaron que en Suiza, tras la eliminación del precio uniforme en 2007, un estudio oficial no encontró cambios significativos en los valores de los libros.

También señalaron el caso del Reino Unido, donde, según índices oficiales, los precios crecieron por encima de la inflación luego del fin del sistema de precio fijo en 1995, mientras que se produjo una disminución de las librerías independientes y una mayor concentración de las ventas en grandes cadenas.

Como otro antecedente, citaron a Australia, donde la desaparición del sistema de precio fijo derivó en una fuerte reducción del número de librerías y actualmente existe un debate sobre la necesidad de volver a regular el mercado.

Riesgos para la producción cultural

Las entidades afirmaron que una eventual derogación de la ley afectaría no solo a las librerías independientes, sino también a editoriales pequeñas y medianas, autores emergentes y lectores.

En ese sentido, advirtieron que la desaparición de librerías implicaría la pérdida de espacios de difusión cultural, de recomendación de lecturas y de comercialización para obras con menor circulación.

Además, remarcaron que la red de librerías argentinas constituye uno de los pilares que permitió el desarrollo de una producción editorial reconocida tanto en el país como en el exterior.

Amplio respaldo institucional

La declaración fue suscripta por una amplia representación del sector, entre ellas la Cámara Argentina del Libro (CAL), la Cámara Argentina de Publicaciones (CAP), la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines (FALPA), la Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI), la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), la Unión Argentina de Escritoras y Escritores (UEE), PEN Argentina, ALIJA, CADRA, ARGRA, la Carrera de Edición de la Universidad de Buenos Aires y el Centro de Estudios y Políticas Públicas del Libro de la Universidad Nacional de San Martín, entre otras organizaciones.

En el cierre del documento, las entidades solicitaron que no avance la derogación de la Ley 25.542 ni las modificaciones propuestas sobre la Ley 25.446, al considerar que "una red de librerías, y la vida cultural en torno a ellas, puede tardar décadas en formarse y muy poco en perderse".

(El Diario Nuevo Día)