El poder del Estado en Santa Cruz en el que "faltan recursos y personal", según una Asociación, pero que va camino a ampliarse
El Dr. Matías Solano, representante de la Asociación Colegio de la Abogacía de Santa Cruz, cuestionó el proyecto de ampliación del Tribunal Superior de Justicia.
El proyecto para ampliar el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz generó fuertes críticas dentro del ámbito jurídico. En diálogo con El Diario Nuevo Día, el Dr. Matías Solano, representante de la Asociación Colegio de la Abogacía de la provincia, advirtió que la iniciativa "no solucionará los problemas reales" del Poder Judicial.
El proyecto, autoría de la diputada provincial Adriana Nieto, propone modificar el artículo 24 de la Ley Orgánica de Justicia para aumentar de cinco a nueve la cantidad de vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).
"Nos preocupa este proyecto desde dos puntos de vista. Por un lado, porque se está por destinar un presupuesto altísimo en salarios e infraestructura cuando no va a solucionar ningún problema", señaló.
En este sentido, Solano destacó que la Justicia provincial enfrenta falencias graves en su funcionamiento cotidiano: "Necesitaríamos más juzgados de primera instancia, más cámaras de apelaciones o cámaras del crimen. Hoy tenemos una sola fiscalía de segunda instancia, multifueros, y lo mismo pasa con las defensorías. Todas las dependencias están sobrepasadas y sin personal suficiente".
Reclamos por la falta de recursos
Desde el Colegio de la Abogacía remarcan que los propios magistrados reconocen estas limitaciones en su trabajo diario. "Cada vez que hacemos reclamos nos manifiestan lo mismo: faltan recursos, falta personal y faltan instancias judiciales para atender la demanda creciente de la sociedad", explicó Solano.
En este escenario, el abogado insistió en que destinar fondos millonarios a ampliar la composición del Tribunal Superior de Justicia no responde a las necesidades más urgentes de la provincia.
Preocupación institucional
Otro de los puntos cuestionados por el Colegio de la Abogacía es el trasfondo institucional y político del proyecto. "Nos preocupa la cuestión institucional, porque han dejado en evidencia que quieren poner vocales que les caigan bien o que sean de su color político", sostuvo Solano.
El representante de la entidad recordó que hubo intentos fallidos de remover a actuales integrantes del Tribunal mediante jubilaciones forzosas o juicios políticos. "Como no lograron avanzar con nada de eso, lo que se busca ahora con este proyecto es designar vocales de su agrado. Eso es preocupante institucionalmente", remarcó.