El Tribunal Superior de Justicia suspende cambios en el Tribunal de Cuentas

El Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz resolvió suspender, de manera provisoria, la reforma en el Tribunal de Cuentas que buscaba limitar privilegios y cargos vitalicios. La medida cautelar fue solicitada por tres vocales de dicho organismo, Romina Gaitán, Karina Saúl y Matilde Morales, quienes argumentaron que la ley aprobada recientemente por la Legislatura afectaba sus derechos y permanencia en el cargo. La resolución judicial ordena la suspensión de los artículos 2.º, 3.º, 4.º y 5.º de la Ley N.º 3866, que buscaban avanzar en la transparencia institucional, en consonancia con principios de la Constitución provincial.

El objetivo de la Legislatura con esta ley era fortalecer el sistema democrático eliminando beneficios considerados excesivos. Sin embargo, la acción de inconstitucionalidad presentada por las vocales paraliza la aplicación de esta normativa hasta que la Justicia emita un fallo definitivo. La medida del Tribunal Superior, firmada por su presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani, y otros miembros de la corte, busca preservar el actual estatus de las vocales mientras continúa el proceso judicial.

La medida ha sido objeto de polémica y cuestionamientos en distintos sectores, no solo por el contenido de la reforma, sino también por el perfil político de las vocales implicadas. Romina Gaitán, por ejemplo, es cónyuge del vocal del Tribunal Superior de Justicia Fernando Basanta, designado durante la gestión de Alicia Kirchner en medio de críticas sobre el cumplimiento de requisitos constitucionales para el cargo. Por su parte, Matilde Morales cuenta con una extensa trayectoria en la administración pública desde la era kirchnerista, y Karina Saúl es esposa del ex presidente de YPF Pablo González, conocido aspirante a la gobernación de la provincia.

La suspensión de la reforma también reaviva el debate sobre la independencia de los poderes en Santa Cruz y la necesidad de evitar injerencias políticas en el funcionamiento de los organismos de control. Por el momento, las vocales conservarán sus beneficios actuales y un salario equiparado al de los miembros del Tribunal Superior de Justicia. La situación se mantendrá así hasta que se emita una sentencia definitiva, lo cual podría tomar varios meses.

En el ámbito legislativo, la modificación de esta ley había sido argumentada en favor de la equidad y de los valores republicanos, buscando que los funcionarios respondan al principio de igualdad ante la ley y contribuyan a una gestión pública más transparente. Sectores sociales y políticos han expresado su preocupación ante la decisión del Tribunal, la cual consideran como un obstáculo para el avance de reformas necesarias en la provincia.

El fallo marca un hito en el ámbito institucional y sienta un precedente sobre el alcance de las reformas legales en Santa Cruz. La causa sigue en curso, mientras la atención pública se centra en el desenlace de esta controversia. (Fuente: El Caletense)