Por reclamo de familiares, el TSJ ordenó relevar el estado procesal del caso Mario García y el asesinato de un hombre
A través de una resolución firmada por el presidente del TSJ, Dr. Gabriel Contreras Agüero, se intimó al Juez de Recursos de la Segunda Circunscripción a realizar un relevamiento exhaustivo sobre la investigación por la muerte del hombre hallado en Caleta Olivia y sobre la causa de Alejandro Palemarchuk.
En una medida de fuerte impacto institucional para el fuero penal de la zona norte provincial, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Provincia de Santa Cruz dispuso la realización de una auditoría urgente e integral sobre dos expedientes penales de elevada complejidad que tramitan en los Juzgados Provinciales de Instrucción de Caleta Olivia. La decisión, instrumentada mediante un acto administrativo firmado por el presidente del cuerpo, Dr. Gabriel N. Contreras Agüero (registrado en el Tomo CCXXXIX, Reg. N° 35, Folios 57/58), responde de manera directa a las denuncias de dilaciones, irregularidades y falta de respuestas expuestas por familiares de las víctimas ante el máximo tribunal.
La intervención judicial máxima pone bajo la lupa administrativa el Expte. N° 88.070/25, caratulado "Cruz Gissella Yamile s/ Formula denuncia" y radicado en el Juzgado Provincial de Instrucción N° Uno de Caleta Olivia, en el marco del cual se investiga la desaparición y posterior muerte de Mario García (50 años), junto a la causa por el fallecimiento del estibador Alejandro Palemarchuk.
La confirmación del ADN y el reclamo de la familia García
El caso de Mario García dio un giro crucial tras conocerse los resultados científicos efectuados sobre una extremidad en avanzado estado de descomposición hallada el pasado 21 de enero en un terreno descampado ubicado detrás del barrio 13 de Diciembre de Caleta Olivia. Los cotejos genéticos concluyeron en una "compatibilidad total del 100%" con el hombre de 50 años que permanecía desaparecido.
Sus hermanos, Gisella y José García, confirmaron que en la reunión mantenida con la jueza de la causa se les notified formalmente el resultado positivo del análisis de ADN. Sin embargo, tras romper el silencio, cuestionaron duramente el accionar judicial y policial: "A él me lo llevaron, no se fue. Habló de más y alguien se molestó. Para mí es un homicidio", aseveró Gisella Cruz.
A la gravedad del hecho se sumó el malestar por la filtración de las novedades procesales a los medios de comunicación y redes sociales antes de ser notificadas formalmente a los allegados. "Nos sentimos como que no les importa nada, que prácticamente son inoperantes. Si el expediente está bajo secreto de sumario, nadie tendría que enterarse de nada. No se puede filtrar información desde el juzgado", criticaron los familiares.
El estado de las pericias y la postura de la Justicia
Pese al reclamo de la querella, desde el ámbito judicial argumentan que, debido a la escasez de elementos probatorios clave en la escena inicial y la falta de evidencias concluyentes sobre la mecánica del deceso, la causa aún no ha sido recaratulada técnicamente como homicidio.
Actualmente, la instrucción continúa en curso con la realización de nuevas pericias sobre restos óseos que se sospecha corresponden al mismo caso. Estos elementos fueron remitidos en primera instancia a laboratorios de Río Gallegos para la extracción de muestras de tejido y hueso, desde donde serán derivados a laboratorios especializados en la ciudad de Buenos Aires con el fin de determinar si corresponden fehacientemente a la misma víctima y esclarecer las causas de su fallecimiento.
La orden de inspección dictada por el Tribunal Superior
Ante la gravedad de los planteos expuestos por Gisella Cruz durante una audiencia presencial mantenida el 26 de junio con integrantes del TSJ en Caleta Olivia, las autoridades del máximo cuerpo judicial asumieron el compromiso formal de activar sus potestades de control.
Instrucción Directa: Se ordena al Juez de Recursos de la Segunda Circunscripción Judicial auditar las causas de Mario García (Expte. N° 88.070/25) y Alejandro Palemarchuk.
Plazo de Informe: El magistrado contralor cuenta con un plazo perentorio de 15 días hábiles para elevar un informe circumstantial del estado de trámite.
Objetivo Contralor: Detectar dilaciones indebidas, verificar la producción de pruebas pendientes y corregir falencias en la etapa de instrucción penal.
Reserva Jurisdiccional: El relevamiento es puramente administrativo. Se prohíbe emitir opiniones sobre la responsabilidad penal para preservar la imparcialidad del juez ante eventuales apelaciones.
Asesinado por un grupo de jóvenes
Alejandro Palemarchuk, el estibador de 34 años que falleció el pasado 6 de julio tras permanecer una semana internado luego de haber sido brutalmente atacado por un grupo de jóvenes frente a su vivienda en Caleta Olivia.
Su madre, Patricia Palemarchuk, relató que el ataque ocurrió cuando una patota de más de diez personas llegó hasta su casa buscando a uno de sus nietos. Según explicó, el joven se habría negado a integrar ese grupo y, cuando Alejandro salió a defender a su familia, fue agredido con piedras y golpes que le provocaron graves lesiones.
La mujer sostuvo que existen cámaras de seguridad en la zona y que Criminalística ya trabaja sobre las imágenes para identificar a todos los responsables, entre los que habría menores y mayores de edad. Además, aseguró que la familia ya aportó los nombres de varios de los presuntos involucrados.
Patricia también cuestionó el accionar del sistema de salud y de la Justicia. Afirmó que su hijo fue operado y dado de alta, pero horas después sufrió una descompensación y debió ser nuevamente trasladado al hospital, donde finalmente falleció.
Qué dispuso el TSJ
El Tribunal fundamentó la medida en las atribuciones conferidas por el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Justicia de Santa Cruz (Ley N° 1600) y jurisprudencia del cuerpo, remarcando la obligación ineludible de garantizar a la sociedad un servicio de justicia libre de dilaciones injustificadas, conforme a las garantías consagradas en la Constitución Nacional y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Con este marco, la Justicia santacruceña busca dar respuesta institucional a la angustia de las familias de las víctimas, esclarecer las causas de las demoras procesales en la zona norte y asegurar el debido proceso en expedientes penales de alta conmoción pública.

