Elecciones 2025: la Justicia Federal ratificó la no oficialización de la lista de UNIR en Santa Cruz y confirmó irregularidades graves
El Juzgado Federal de Río Gallegos resolvió no oficializar la lista de candidatos a diputados nacionales presentada por el partido UNIR para las elecciones del 26 de octubre de 2025, pese al fallo de la Cámara Nacional Electoral.
El Juzgado Federal con competencia electoral en Río Gallegos resolvió este lunes no oficializar la lista de candidatos de UNIR para las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre, pese al fallo de la Cámara Nacional Electoral que solicitaba revisar el fallo.
El fallo, al que accedió Diario Nuevo Día, tomó en cuenta las pruebas presentadas por el Ministerio Público Fiscal, que revelaron "irregularidades graves en la conformación del partido y en el proceso de selección de candidatos".
Afiliaciones falsas y firmas apócrifas
La investigación determinó que siete de los once convencionales que supuestamente firmaron el acta donde se modificó la Carta Orgánica del partido negaron haberlo hecho. Además, comprobaron que una de las firmantes carece de capacidad mental para prestar consentimiento, según dice el fallo.
"No puede hablarse de expresión de la voluntad soberana del partido cuando las pruebas evidencian un fraude en la conformación de la convención", remarcó el fiscal en su dictamen.
El fallo también señaló que varias personas aparecían como afiliadas a UNIR sin haber dado su consentimiento. "Las víctimas desconocieron sus firmas en las fichas exhibidas", agrega la resolución.
Exclusión de las elecciones de octubre
Ante estas irregularidades, la Justicia entendió que se configuraba una "estafa procesal" que viciaba de nulidad el proceso interno de UNIR. En consecuencia, el juez ratificó que el partido no podrá competir en las elecciones nacionales del 26 de octubre.
La decisión se suma a lo ya dispuesto por la Junta Electoral Nacional, que el 1° de septiembre había oficializado el modelo de Boleta Única Papel (BUP) sin incluir a la agrupación.
El fallo concluye que avalar la participación de UNIR hubiera significado "consolidar un acto en apariencia nulo, contrario a los principios más elementales del derecho".