Elmiger sobre el municipio de Río Gallegos: "La plata está, pero la usan para otra cosa"

En una jornada atravesada por el conflicto político entre el Gobierno de Santa Cruz y el Municipio de Río Gallegos, el Ejecutivo provincial realizó una conferencia de prensa para exponer su mirada sobre las cuentas de la capital y responder a los cuestionamientos del intendente Pablo Grasso por un eventual descuento de fondos coparticipables.

La conferencia tuvo lugar en Casa de Gobierno y contó con la participación de la ministra de Gobierno, María Belén Elmiger; la secretaria de Estado de Comunicación Pública y Medios, Irene Stur; y el secretario de Estado de Hacienda y Finanzas, Ernesto Coloe. Los cargos de los funcionarios coinciden con la estructura oficial vigente del Ejecutivo provincial.

El escenario político no fue casual: la exposición se produjo en la previa de la movilización convocada por el Municipio, con Grasso al frente, para presentar petitorios ante el Tribunal Superior de Justicia, Casa de Gobierno y la Cámara de Diputados.

Desde el comienzo, Provincia buscó desactivar uno de los principales argumentos del reclamo municipal: que ya exista una retención sobre los recursos de Río Gallegos.

"Eso es absolutamente mentira. Nosotros no hicimos ninguna retención de aportes", afirmó Elmiger, quien sostuvo que el Gobierno continúa manteniendo reuniones con municipios y comisiones de fomento para avanzar en un "sinceramiento de las cuentas públicas".

Desde el Ministerio de Economía también ratificaron que hasta el momento no se efectuó ninguna retención y explicaron que, para avanzar con una medida de esas características, debe existir una decisión política y una comunicación de la Caja de Previsión Social.

La conferencia, de esta manera, llevó la pelea política hacia otro terreno: no solamente si Provincia puede o no descontar recursos, sino cuánto dinero ingresa al Municipio y qué prioridades establece la administración de Grasso para utilizarlo.

"La plata está, el tema es que la usan para otra cosa"

El punto más fuerte de la exposición llegó cuando los funcionarios analizaron las cifras que, según aseguraron, fueron entregadas por representantes del propio Municipio durante las reuniones mantenidas con Provincia.

Elmiger explicó que, en uno de esos encuentros, participaron por Río Gallegos el jefe de Gabinete municipal, Diego Robles, la secretaria de Gobierno, Sara Delgado, y otros integrantes del equipo.

Según la ministra, a partir de la documentación presentada y de un cruce realizado con información de organismos provinciales, el Gobierno calculó que el Municipio dispone de un promedio cercano a $14.000 millones mensuales de ingresos.

La estimación utilizada por Provincia tomó como referencia unos $7.500 millones provenientes de coparticipación en mayo y alrededor de $7.000 millones de recaudación propia municipal.

A partir de esos datos, el Ejecutivo provincial realizó diferentes cálculos sobre cuánto dinero quedaría disponible después de afrontar salarios y obligaciones.

Según la exposición, si Río Gallegos hubiera transferido solamente los aportes personales correspondientes a las cajas, el gasto salarial se habría ubicado en aproximadamente $7.200 millones y todavía quedarían más de $6.000 millones para funcionamiento.

Provincia agregó que, incorporando también las contribuciones patronales, el gasto habría rondado los $8.000 millones, por lo que sostuvo que igualmente existiría margen financiero para el funcionamiento municipal.

Más adelante, ante una consulta periodística y tomando un escenario que incluía las dos cajas y el ISPRO, Elmiger habló de aproximadamente $4.500 millones mensuales disponibles para funcionamiento después de cumplir con esas obligaciones.

Sobre esa base llegó una de las frases políticas más fuertes de la conferencia.

Al diferenciar el descuento del 20% previsto en el esquema de coparticipación de los aportes personales y patronales que deben transferirse al sistema previsional, Elmiger sostuvo que el Municipio descuenta aportes a sus trabajadores pero que, según Provincia, esos recursos no son enviados en su totalidad a la Caja.

"Esta es la famosa frase que dijo Chute: ‘la plata no está'. Entonces, la plata sí está, queda en evidencia. El tema es que la usan para otra cosa", afirmó.

La declaración sintetizó el eje que el Gobierno buscó instalar horas antes de la protesta municipal: Provincia sostiene que el problema no es la falta de recursos, sino cómo son administrados por la gestión de Grasso.

Elmiger lo planteó de manera directa: "No es que el Municipio o el intendente Pablo Grasso no va a poder pagar los sueldos, sino que está administrando la plata de una forma equivocada, a nuestro entender".

La funcionaria aclaró, de todos modos, que cada intendente tiene autonomía para fijar sus prioridades de gasto.

"El tema es cómo se priorizan los gastos. Cada municipio, cada intendente tiene la libertad de asignar los gastos como quiera", señalaron desde Provincia, aunque cuestionaron que después se responsabilice al Gobierno provincial por una eventual imposibilidad de afrontar salarios.

Coparticipación, aportes y una disputa que ya es política

Otro punto central fue la diferencia entre el aporte previsto para sostener la Caja de Previsión y las contribuciones que corresponden a cada empleador.

Elmiger explicó que el 20% cuestionado por el Municipio surge de la Ley 2401 y se descuenta antes de la distribución de la masa coparticipable.

Según la interpretación provincial, por lo tanto, no se trata de que a cada municipio se le quite posteriormente un 20% de los fondos que ya recibió.

"Eso es un concepto erróneo", afirmó la ministra, quien sostuvo que los municipios terminan participando con menos del 7% de ese esquema porque la mayor parte del aporte proviene de la masa provincial.

Distinguió esa situación de los aportes y contribuciones establecidos dentro del régimen previsional: "El 14 y el 16%. El 14 el patrón y el 16% del personal. Eso es lo que aporta tanto el empleador como el trabajador y lo ve reflejado en su recibo".

Y agregó: "Acá el problema es que ni siquiera el aporte que hace el trabajador es transferido a la Caja de Previsión; sin embargo, se le saca del sueldo a los trabajadores".

Provincia aseguró que, pese a esta situación, ningún trabajador municipal dejó de acceder a una jubilación ni ningún jubilado dejó de cobrar porque el Tesoro provincial termina sosteniendo el déficit.

"El que está en falta es el empleador que no la transfiere. La Caja sigue jubilando a la gente y sigue pagándoles el beneficio", afirmaron durante la conferencia.

Los funcionarios plantearon que esa situación termina involucrando recursos de todos los santacruceños.

"La plata para que los municipales y los jubilados municipales sigan con su jubilación sale del Tesoro de la Provincia", sostuvo Elmiger, quien afirmó que esos recursos dejan de estar disponibles para otros servicios y políticas provinciales.

Coloe, por su parte, puso la discusión en el contexto general de las finanzas de Santa Cruz. Explicó que Provincia atraviesa un escenario de caída de ingresos y un déficit estructural vinculado, entre otros factores, al sistema previsional.

El secretario de Hacienda remarcó además que Santa Cruz está adherida a la Ley de Responsabilidad Fiscal y reclamó que los municipios avancen con mecanismos similares de publicación y exposición de sus cuentas.

"Sería muy bueno poder transparentar la información siguiendo las metodologías que ya están escritas", señaló.

La coparticipación también apareció en la conferencia. Desde Provincia reconocieron que es un debate pendiente, aunque remarcaron que cualquier modificación requiere tratamiento legislativo y una discusión sobre cómo aumentar primero los recursos disponibles.

"¿Cómo vamos a discutir una nueva coparticipación si los recursos siguen siendo los mismos?", planteó Elmiger.

A pesar del tono político de la conferencia, la ministra sostuvo que la intención del Ejecutivo sigue siendo alcanzar un acuerdo y descartó, por ahora, abandonar las mesas de negociación.

"Nosotros apostamos al diálogo. La intención no es culpar a nadie. Sabemos que esta es una problemática que viene hace mucho tiempo", expresó.

Provincia confirmó además que las conversaciones con el equipo de Río Gallegos continúan abiertas y reconoció que representantes municipales participaron de las reuniones y entregaron información financiera.

Así, a pocas horas de la movilización encabezada por Grasso, el Gobierno provincial decidió responder con números y trasladar el eje de la disputa hacia la administración de esos recursos. Mientras el Municipio reclama garantías para que no se avance sobre la coparticipación, Provincia niega haber efectuado descuentos y sostiene que Río Gallegos cuenta con fondos suficientes para pagar salarios, realizar los aportes correspondientes y mantener su funcionamiento. "La plata está, el tema es que la usan para otra cosa", fue la definición que condensó la posición oficial. (Fuente: El Diario Nuevo Día)