Empleo público: estas son las causas por las que podés recibir una cesantía en Santa Cruz

La cesantía es la sanción disciplinaria más severa que puede imponerse a un trabajador del Estado. Implica la separación definitiva del cargo y se aplica ante faltas graves o conductas que atentan contra los principios éticos, legales o disciplinarios de la función pública.

En Santa Cruz, el artículo 188 del Convenio Colectivo de Trabajo de la Administración Pública establece las causales específicas para aplicar esta medida. La resolución de estos casos está a cargo del Honorable Tribunal Disciplinario, un organismo colegiado, representativo e imparcial que actúa como única instancia de apelación ante sanciones que excedan los diez días de suspensión. 

Causas que pueden derivar en cesantía

Entre las principales razones para aplicar una cesantía se encuentran:

• Inasistencias injustificadas: más de diez días continuos o veinte discontinuos en un año.

• Reincidencia en sanciones: cuando el trabajador acumula más de 30 días de suspensión en un periodo de doce meses.

• Incumplimiento de deberes establecidos en los artículos 47 y 48 del Convenio, siempre que la falta sea grave o reiterada.

• Abandono de servicio: cuando el trabajador incurre en más de cinco inasistencias consecutivas sin justificación, tras ser intimado a regresar.

• Violación de prohibiciones establecidas en el convenio, si la gravedad del hecho lo amerita.

• Calificación deficiente: si el trabajador recibe evaluaciones de bajo desempeño durante tres años consecutivos o cuatro alternados en los últimos diez años, habiendo tenido oportunidades de capacitación suficientes.                                                                                                                                           Un procedimiento con garantías

El Tribunal Disciplinario interviene únicamente ante sanciones graves y expulsivas como la cesantía o exoneración, y también en apelaciones cuando la sanción supera los diez días de suspensión. En todos los casos, se garantiza un proceso de evaluación, notificación e intervención de las partes involucradas.

Este organismo representa un mecanismo constitucional de control y estabilidad laboral, buscando garantizar que cualquier sanción sea el resultado de un análisis justo y transparente.

Para los trabajadores estatales, conocer estos aspectos es clave para comprender sus derechos, deberes y las consecuencias de incumplimientos graves.