"Están borrando lo que nos hacía únicos en el mundo", trabajadores del INTA denuncian vaciamiento del organismo tras los DNU del Gobierno

La Asociación de Profesionales del INTA (APINTA) en Santa Cruz expresó su profunda preocupación ante los recientes decretos del Gobierno nacional que modifican de forma drástica la estructura y las funciones del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. En diálogo con el programa "Arriba el Día" de Radio Nuevo Día, Leandro Climento, secretario general de APINTA, alertó sobre el impacto inmediato de las medidas: "La situación es bastante preocupante, el mismo martes ya habían aplicado los cambios".

Según Climento, uno de los puntos más graves es la eliminación del consejo directivo del INTA, un órgano colegiado que garantizaba representación del sector productivo, las universidades y el Ejecutivo. "Con el nuevo decreto, ahora la conducción queda en manos exclusivas del Poder Ejecutivo", explicó. Esta modificación habilita a la conducción nacional del organismo a cerrar las 299 agencias de extensión rural existentes en el país, incluyendo las ocho que funcionan en Santa Cruz: Río Turbio, El Calafate, Puerto Deseado, San Julián, Caleta Olivia, Los Antiguos, Perito Moreno y Gobernador Gregores.

"Los servicios de extensión eran lo que nos hacía únicos en el mundo", remarcó Climento. La nueva normativa elimina expresamente estos servicios, modificando el artículo 11 de la ley constitutiva del INTA. Esto implicaría no solo la pérdida de contacto directo con los pequeños productores, sino también la "puesta a disponibilidad" de 1.500 empleados, es decir, su desvinculación progresiva.

Climento también señaló que, a pesar de que la mayoría del personal es de planta permanente, eso no los protege de las medidas: "La ley base establece que te pueden pagar el 75% del sueldo por un año mientras intentan reubicarte. Si no hay lugar, te vas".

En Santa Cruz, los trabajadores del INTA son clave para el desarrollo regional. Desde programas como Pro Huerta hasta proyectos estratégicos como la mejora genética de la cereza para exportación en Los Antiguos o el acompañamiento al sector ovino en el sur, la extensión rural cumple un rol central en el entramado productivo local. "Están tomando decisiones desde una oficina en Recoleta sin conocer la realidad del interior del país", denunció el dirigente gremial.

Climento también fue tajante respecto al fondo del problema: "Esto ya lo vivimos en los ‘90, cuando se desmanteló el INTA. Lo que se intenta ahora es lo mismo: vaciarlo, cerrar agencias, despedir personal y vender propiedades. Ya se habló de vender un edificio en Recoleta y ahora quieren avanzar con 70.000 hectáreas productivas del instituto".

Consultado sobre los pasos a seguir, remarcó que el DNU tiene 30 días para ser rechazado por el Congreso: "El compromiso tiene que venir de los gobernadores, diputados y senadores. Si no frenan esto, serán cómplices del desarme de la estructura social del Estado. Porque el INTA no es un grupo de empleados públicos: es una política de desarrollo territorial".