Fallo clave: la Justicia federal frenó el cierre de Vialidad Nacional
La jueza federal Martina Forns hizo lugar a una medida cautelar del Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA) y frenó por seis meses el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad. El organismo iba a ser disuelto por el decreto 461/2025, firmado por el presidente Javier Milei el pasado 8 de julio. La Justicia argumentó que no existen facultades legales delegadas para avanzar con esa decisión.
La Justicia federal frenó el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) dispuesto por el Gobierno nacional a través del decreto 461/2025, publicado el pasado 8 de julio. La decisión fue tomada por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 2 de San Martín, que hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional - Casa Central (SEVINA).
La resolución judicial, firmada por la jueza Martina Forns, suspende por seis meses los efectos del decreto que buscaba disolver el organismo y transferir sus funciones al Ministerio de Economía y a la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
La magistrada basó su fallo en que la Ley Bases (N° 27.742), recientemente sancionada, no le otorga al Poder Ejecutivo facultades delegadas para cerrar entes autárquicos como Vialidad Nacional, que fue creada por ley hace más de 93 años. "No se puede eliminar una entidad de esa jerarquía mediante un simple decreto", señaló la jueza en su resolución.
En el escrito, de nueve páginas, también se advierte sobre el riesgo que implicaba la aplicación inmediata del decreto, ya que podría haber generado "traslados forzosos, desvinculaciones encubiertas o vaciamientos funcionales" dentro del organismo. La jueza subrayó la importancia de preservar la autonomía técnica de Vialidad para garantizar su funcionamiento.
Además, Forns puso el foco en el artículo 32 del decreto impugnado, el cual ponía en duda la estabilidad laboral del personal, supeditando su continuidad a futuras decisiones administrativas. "Esto vulnera los convenios colectivos vigentes y normas de jerarquía constitucional", indicó.