Fallo contra la Caja de Previsión Social: qué sucederá con las jubilaciones luego de la suspensión de un decreto que "vulneraba derechos"

Como informó Nuevo Día, el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz suspendió el decreto 608, que establecía nuevas disposiciones para la jubilación de empleados públicos, en un fallo que fue calificado como crucial por el Dr. Matías Solano, abogado del vocal de la Caja de Previsión Social, Cristian Sánchez. El abogado afirmó que la medida judicial "resguarda derechos fundamentales" y evita una intromisión del Poder Ejecutivo en decisiones que deberían respetar la autonomía de los empleados y de los otros poderes del Estado.

El decreto 608, firmado por el gobernador, estipulaba que aquellos empleados que cumplieran con los requisitos para jubilarse serían obligados a hacerlo en un plazo de 30 días, eliminando la posibilidad de que los trabajadores decidieran el momento de su retiro. Según el Dr. Solano, "el decreto vulneraba derechos y facultades de los empleados al imponerles una jubilación forzada, sin respetar la normativa vigente y pasando por alto las competencias de otros poderes del Estado, como el Judicial y Legislativo".

El fallo del Tribunal, que tiene carácter de medida cautelar, suspende la aplicación del decreto mientras se lleva a cabo el juicio para determinar su validez. En diálogo con Radio Nuevo Día, el letrado destacó que esta decisión es fundamental para evitar que se modifique el sistema previsional de manera unilateral y sin un debate legislativo. "La Justicia protegió no solo los derechos de los empleados, sino también el equilibrio en la división de poderes", afirmó.

Con esta medida, cualquier acto administrativo emitido bajo el decreto 608 deberá ser revertido, y el régimen previsional volverá a funcionar según las normas que estaban vigentes antes de su implementación. Aunque el juicio de fondo podría extenderse en el tiempo, el fallo cautelar brinda tranquilidad a los empleados públicos, que podrán continuar decidiendo sobre su jubilación bajo las reglas actuales.

Además el fallo refuerza la necesidad de que cualquier modificación del sistema previsional pase por los canales legislativos correspondientes, garantizando así el respeto por la Constitución y las leyes provinciales.