Falta de controles en gestiones anteriores: informe crítico del Tribunal de Cuentas
El Tribunal de Cuentas de Santa Cruz presentó un informe ante la Legislatura Provincial en el que detalla graves falencias en el control y seguimiento de fondos públicos durante gestiones anteriores. El documento advierte sobre la falta de auditorías, controles internos y registros contables en diferentes áreas del Estado.
Un informe elaborado por el Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Cruz fue remitido a la Legislatura Provincial y encendió las alarmas en torno a la administración de fondos públicos durante los últimos años. El documento da cuenta de numerosas irregularidades y una preocupante ausencia de controles en diversos organismos del Estado durante gestiones anteriores.
Entre las observaciones más relevantes, se menciona la falta de auditorías internas, el uso de sistemas contables desactualizados y la ausencia de rendiciones adecuadas en áreas clave de la administración pública. Además, se señala que en muchos casos los organismos no presentaron la documentación respaldatoria exigida por ley, lo que impide un análisis riguroso de cómo se ejecutaron los recursos públicos.
El informe fue elaborado en base al relevamiento y análisis de documentación de ejercicios fiscales anteriores, y plantea la necesidad urgente de aplicar mecanismos de mejora en la transparencia y el control administrativo. "Se verificaron deficiencias sistemáticas en la supervisión y el cumplimiento de las normativas vigentes", advierte el texto elevado al Poder Legislativo.
Desde el actual gobierno destacaron que este informe respalda el planteo que viene realizando la gestión de Claudio Vidal sobre la necesidad de ordenar y auditar exhaustivamente el funcionamiento de la administración pública. Asimismo, indicaron que se trabaja en implementar sistemas más eficientes de gestión y control de fondos, con el objetivo de prevenir futuras irregularidades y recuperar la confianza ciudadana.
La Legislatura provincial tendrá ahora la responsabilidad de analizar el contenido del informe y, eventualmente, promover acciones que garanticen mayor transparencia y responsabilidad en el uso de los recursos del Estado.
(Fuente: El Diario Nuevo Día)