Fin del ProCreAr: Nación liquida el fondo y transfiere créditos al sector privado

A través de la Resolución 764/2025, el Gobierno nacional puso fin de manera oficial al Fondo Fiduciario Público del Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la Vivienda Única Familiar (Pro.Cre.Ar). La medida se publicó en el Boletín Oficial y responde al Decreto 1018/2024, que había establecido la disolución del programa el 12 de noviembre del año pasado. En adelante, la administración de los créditos otorgados estará a cargo del Banco Hipotecario S.A., bajo las condiciones originales fijadas en el contrato de fideicomiso firmado en 2012.

La decisión se justifica, según los considerandos oficiales, en la necesidad de reducir el peso del Estado sobre las finanzas públicas y en las dificultades detectadas para controlar y supervisar adecuadamente la ejecución del programa. La Sindicatura General de la Nación (SIGEN) había realizado una auditoría que expuso múltiples falencias: demoras en entregas, quejas por falta de condiciones habitables, incumplimientos contractuales y una gestión que calificó como "no transparente, ni ágil, ni eficiente".

El Ministerio de Economía argumentó además que el otorgamiento de créditos para viviendas debe estar en manos del sistema financiero, tanto público como privado, descartando así una intervención estatal directa. La decisión se enmarca dentro de las atribuciones otorgadas por la Ley N° 27.742, que declaró la emergencia pública y facultó al Ejecutivo a disolver fondos fiduciarios para mejorar la eficiencia del Estado.

A pesar del cierre del Pro.Cre.Ar como fondo fiduciario, el Gobierno aseguró que los compromisos asumidos con los beneficiarios continuarán vigentes. El Banco Hipotecario seguirá percibiendo las retribuciones según lo establecido en 2012 y deberá transferir los ingresos a la Tesorería General de la Nación, una vez deducidos sus gastos operativos.

Además, la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial podrá instruir la venta de carteras de créditos con bajo rendimiento y regularizar el dominio de bienes inmuebles asociados. También se habilita la transferencia de propiedades a provincias, municipios y organismos estatales, o su devolución en caso de haber sido aportadas originalmente por gobiernos subnacionales.

Por otra parte, los inmuebles que no estén vinculados a obras con contratos vigentes pasarán a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). Las causas judiciales derivadas del programa serán atendidas por la Subsecretaría Legal del Ministerio de Economía.

Así, se cierra un capítulo emblemático de la política de vivienda de la última década, en un contexto de ajuste estructural y reordenamiento del gasto público. (Fuente: El Diario Nuevo Día)