Glaciares: Cuáles son los pasos que deberá seguir Santa Cruz con el nuevo marco legal

La reciente modificación de la normativa nacional sobre glaciares ha introducido un cambio fundamental en el federalismo argentino: la transferencia de la capacidad de decisión sobre el territorio a las provincias. A partir de ahora, no será una definición genérica y distante la que determine qué es suelo protegido, sino un proceso de validación técnica liderado por la propia provincia.

La Hoja de Ruta: ¿Qué debe hacer cada provincia?

El nuevo marco legal establece un proceso claro que Santa Cruz ya comienza a transitar. El objetivo es salir de la "incertidumbre" para pasar a una gestión basada en datos reales de terreno.

1. Validación del Inventario con criterio hídrico: Cada provincia, en coordinación con el IANIGLA, debe revisar el inventario de cuerpos de hielo. La clave ahora es la "función hídrica". Se debe determinar fehacientemente si un área periglaciar (suelo congelado) efectivamente aporta agua a las cuencas que alimentan a nuestras poblaciones y campos.

2. Zonificación Territorial: Una vez identificados los cuerpos de hielo que cumplen funciones vitales, la provincia tiene la potestad de realizar una zonificación. Esto permite delimitar con exactitud las áreas de exclusión absoluta y aquellas donde se pueden autorizar actividades productivas mediante estudios de impacto ambiental rigurosos.

3. Implementación de Normativa Local: Al ser la autoridad de aplicación, Santa Cruz dictará sus propias reglamentaciones para operativizar la ley nacional, ajustándola a la realidad climática y geográfica específica de nuestra cordillera.

El rol protagónico de Santa Cruz

Para nuestra provincia, este proceso es una oportunidad de jerarquizar sus organismos de control. Lejos de significar una desprotección, el nuevo esquema exige que la Secretaría de Minería y el área de Ambiente trabajen con estándares de monitoreo mucho más elevados.

En Santa Cruz, lo que viene es un trabajo de "microcirugía" técnica. Al tener ahora la decisión final, el Gobierno Provincial puede evaluar proyectos mineros y productivos que antes estaban bloqueados por definiciones ambiguas. Esto permite que el Estado santacruceño analice caso por caso: si un proyecto en el noroeste no afecta ninguna cuenca hídrica real, la Provincia ahora tiene la herramienta legal para autorizarlo y generar empleo, sin temor a frenos judiciales externos.

Autonomía para el desarrollo

La importancia de que "ahora la provincia decida" radica en el conocimiento del territorio. El Gobierno de Santa Cruz entiende como nadie la necesidad de equilibrar el cuidado del agua -recurso sagrado en la Patagonia- con la necesidad de dinamizar una economía que requiere inversiones urgentes.

Con esta reforma, Santa Cruz deja de estar atada a una ley "enlatada" desde Buenos Aires y comienza a ejercer su soberanía ambiental. La provincia se convierte en la única responsable de custodiar sus glaciares y, al mismo tiempo, de garantizar la seguridad jurídica que los inversores necesitan para crear puestos de trabajo en la región.