Guías de turismo de Santa Cruz buscan frenar la desregulación en Parques Nacionales: la Justicia aceptó un pedido amparo

En una acción sin precedentes en el país, la Asociación de Guías de Santa Cruz (AGUISAC) presentó el pasado 21 de abril una acción de amparo y medida cautelar ante la Justicia Federal de Río Gallegos, con el objetivo de frenar la entrada en vigencia de las resoluciones 61 y 62 de la Administración de Parques Nacionales (APN). Las normativas, publicadas en el Boletín Oficial el 26 de marzo, forman parte del proceso de desregulación impulsado por el Gobierno de Javier Milei.

Desde AGUISAC señalaron que estas resoluciones "vulneran el derecho al trabajo y al ambiente sano", ya que afectan directamente la actividad profesional de los guías y la conservación de las áreas protegidas del país. La asociación santacruceña, que nuclea a trabajadores del turismo y la interpretación ambiental, expresó su preocupación por la pérdida de regulación en un ámbito donde la formación, la responsabilidad y el conocimiento del territorio son esenciales.

El Juzgado Federal local dio curso a la presentación y consideró válida la vía del amparo. En este marco, el 30 de abril, AGUISAC notificó formalmente a la APN por orden del juez interviniente. A partir de esa fecha, el organismo cuenta con un plazo de 10 días hábiles para responder ante la Justicia.

"Estas nuevas disposiciones amenazan nuestra labor, pero también el equilibrio de los ecosistemas en los que trabajamos", indicó la asociación en un comunicado difundido este lunes. Además, reafirmaron su compromiso con la defensa del turismo responsable, los derechos laborales y la protección del patrimonio natural y cultural de la Argentina.

AGUISAC se convirtió en la primera y, hasta ahora, única asociación de guías del país que judicializó estas medidas. La expectativa está puesta en lograr una respuesta favorable que suspenda la aplicación de las resoluciones, previstas para entrar en vigencia el próximo 14 de mayo.

La medida representa un fuerte posicionamiento de los trabajadores del sector turístico frente a las políticas de desregulación que impulsa el Gobierno nacional y abre un nuevo capítulo en la discusión sobre el rol del Estado en la gestión de los recursos naturales y culturales protegidos.