Funcionario de Iguacel reconoció que no había "anomalías" en las obras de Vialidad en Santa Cruz

Designado por la gestión macrista, afirmó en el juicio oral que la situación en la provincia era similar a la de otros distritos. Y que cuando se rescindieron contratos, se ocultó que el Estado adeudaba pagos.
miércoles, 18 de noviembre de 2020 · 20:23

La parte acusatoria en el juicio oral a Cristina de Kirchner sigue sin encontrar testigos que documenten el supuesto direccionamiento de obra pública a favor del empresario Lázaro Báez. En esta oportunidad, el interventor de Vialidad Santa Cruz -designado por el propio Javier Iguacel- reconoció ante el Tribunal Oral Federal N°2 que ninguna obra pública finaliza en los plazos establecidos previamente en los pliegos. El abogado Leandro García declaró ayer en el juicio y afirmó: “Me encontré con un distrito que no disentía con la situación de otros distritos. Había muchas noticias en los medios pero no encontré ninguna situación anómala”. Además, otro testigo ratificó la visita en patrullero por parte de Iguacel y del extitular de Jurídicos de la DNV Ricardo Stoddart, a los pocos días de asumir. Ya es el tercer testimonio que se acumula en el mismo sentido, describiendo un idéntico mecanismo de presión.

Propuesto por la fiscalía y la querella a cargo de la Oficina Anticorrupción, García pasó a engrosar la lista de testigos que no aportaron elementos para ratificar la acusación contra la vicepresidenta y otros doce imputados. Empleado de Vialidad desde 2002, tras desempeñarse en diferentes distritos del organismo, negó haber recibido órdenes de las autoridades de Vialidad Nacional en el período kirchnerista para beneficiar por acción u omisión a alguna empresa en particular. Al mismo tiempo, de su testimonio se desprendió que durante la gestión macrista se rescindieron los contratos con Austral Construcciones sin atender los motivos alegados por la contratista para la paralización de las obras, centrados en la deuda que Vialidad mantenía con la firma.

Con el afán de demostrar supuestos beneficios por parte del Estado a la compañía, la acusación buscó -sin éxito- que el testigo señalara que no existía dicha mora. “¿Tuvo motivos para creer que no eran verídicas las mediciones de los técnicos de la AGVP en las obras de Lázaro Báez?”, se inquirió. “No puedo responder porque no tomé intervención en esas cuestiones”, respondió.

Vía Zoom, desde el juzgado Federal de Ushuaia, García relató cómo lo llamaron “de urgencia” a mediados de enero de 2016 para que viajara a Buenos Aires a entrevistarse con Iguacel y el jefe de Jurídicos de Vialidad Nacional, Stoddart. Según dijo, allí lo pusieron en funciones e inmediatamente viajó a Santa Cruz con Iguacel. Una de las primeras medidas fue, precisamente, la quita de las concesiones a Austral, la nave insignia de Báez. Luego, según su propio relato, los trabajos viales en el Distrito 23 (Santa Cruz) quedaron prácticamente paralizados durante los cuatro años de la gestión macrista y hasta le costó recordar con exactitud las obras que sí se realizaron en el período entre 2016 y 2019.

Al mencionar las auditorías internas ordenadas por las autoridades nacionales, García dijo que no participó directamente de esas evaluaciones, por lo que tampoco pudo aportar detalles de las presuntas irregularidades denunciadas en la causa.

Uno de los ejes de la acusación es que se beneficiaba a Báez a pesar de los supuestos incumplimientos de la firma. Pero el testigo tampoco aportó datos que ratifiquen dicha hipótesis, al afirmar que las demoras en las obras son “habituales”. Incluso detalló que “nunca” en toda su experiencia vio que se cumplieran los plazos establecidos en los pliegos. Según explicó, siempre hay “contingencias” que extienden los plazos de entrega, más allá de los contratistas.

Visita en patrullero

En segundo término declaró -desde Río Gallegos- Ramiro Marín, empleado de vialidad provincial desde febrero de 2003. Bajo juramento reiteró lo relatado por otros dos testigos respecto de la modalidad con la que Iguacel y Stoddart llegaron a la sede del organismo patagónico. A los pocos días de asumir, ambos exfuncionarios “llegaron con un patrullero y con custodia”, dijo. “Eso nos llamó la atención”, completó.

La primera en mencionar en el juicio dicha “visita” había sido la actual diputada, Laura Hindie, quien expresó haberse sentido intimidada y obligada a firmar un documento que luego fue la llave para impulsar la causa judicial por parte de Iguacel. Se trataba de un acta en la que se declaraba nula una audiencia en la Secretaría de Trabajo local, donde Vialidad había reconocido que se le adeudaba dinero a Austral Construcciones. El dato no es menor. Si quedaba registrado que Vialidad estaba en mora con Báez, las autoridades macristas no podían acusar a la gestión anterior de beneficiar al empresario. Si se le debía dinero por las obras ya adjudicadas, ¿cómo se explica el presunto favoritismo? (Ámbito)