Más de 60 organizaciones ambientales argentinas y 70.000 firmantes exigen que no se prorrogue la ley que prohíbe crear áreas protegidas en Santa Cruz

Se recrudece la polémica ambiental en Santa Cruz: más de 60 organizaciones ambientales de Argentina y 70.000 firmantes exigieron, a través de una Carta Abierta, que no se dé lugar al tratamiento del proyecto de ley presentado por los diputados Carlos Santi y Claudio Barría Peralta que busca extender la ley que prohíbe la protección de la naturaleza en Santa Cruz otro año más.



En una Carta Abierta concreta y directa, las organizaciones ambientales exponen 5 puntos clave para entender el trasfondo del reclamo.



El primer punto es, en realidad, una pregunta central a esta problemática: ¿Por qué la creación de áreas protegidas es una amenaza para el sector rural en una provincia con menos del 8% de su superficie bajo alguna categoría de conservación, pero con más de la mitad de sus hectáreas (13 de 24 millones) en manos de terratenientes privados?

Y más aún: ¿Por qué es necesario prohibir crear áreas protegidas para realizar un inventario y ordenamiento territorial?

En este sentido, el director Nacional de Conservación de la Administración de Parques Nacionales, Ricardo Guerra destacó que “las áreas protegidas son una de las estrategias más importantes de conservación de la naturaleza. Nuestro país tiene el compromiso de representar mediante áreas protegidas a las 17 ecorregiones. Un área protegida debe crearse para generar un modelo de desarrollo sostenible.”



Los números son contundentes. Mientras que Santa Cruz es una de las provincias con menor superficie protegida del país —menos del 8%— la legislatura provincial designó por ley en la última década el 70% de la superficie de la provincia de interés especial para actividades mineras. Por encima de eso, el último Censo Nacional Agropecuario reveló que Santa Cruz perdió el 35% de sus hectáreas productivas por sobrepastoreo en los últimos 16 años, una de las principales causas de la desertificación en Patagonia.

El segundo punto refiere a los fundamentos del proyecto de ley, basados en que el Consejo Agrario Provincial no pudo avanzar con sus requerimientos por haber tenido “una pandemia de por medio”, según aseguró Miguel O’Byrne, director de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz.

Sin embargo, otras actividades no esenciales se mantuvieron activas: la minería, bajo el control de empresas de capital extranjero, operó durante la cuarentena en un 60 a 100% de su capacidad, y la construcción de las mega-represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz no se detuvieron.

“La excusa de la pandemia es inaceptable. Minería, petróleo y ganadería no se detuvieron por la cuarentena. Usar estos argumentos para justificar la inacción, que viene desde hace más de 60 años, es una falta de honestidad”, comentó Enzo Bonanno, coordinador del área de Relaciones Institucionales de XR Patagonia Austral.

“No se entiende cuál es la razón que subyace por la cual el Consejo Agrario prohíbe por ley proteger la naturaleza para realizar este inventario (que incluye a todas las actividades productivas) pero no se prohíben actividades como la minería, la ganadería, o la extracción de hidrocarburos.

Estamos convencidos que esta situación no hace otra cosa que agravar la gravísima situación climática, ecológica y sanitaria que atraviesa Santa Cruz”, sostuvo Bonanno.



El tercer punto propone, a modo de disparador, exponer el rol del Consejo Agrario Provincial (CAP) en virtud de que Santa Cruz es la única provincia en Argentina con sus áreas protegidas a cargo de una entidad de intereses mixtos.

Y es que el CAP es el organismo encargado de desarrollar las áreas protegidas en Santa Cruz pero, a la vez, es el que impulsa dos leyes para prohibir crearlas.



En el cuarto punto, las organizaciones y los firmantes remarcan que los argumentos por los cuales se creó la ley caen por su propio peso. En este sentido, desde 1957, cuando el territorio de Santa Cruz se convirtió en provincia, el CAP no ha regularizado el catastro provincial, con verificación en terreno y actualización de información de los propietarios

rurales, sean personas o empresas.

Por esta razón, las ONGs y movimientos ambientalistas sostienen que el trabajo que no se realizó en todos estos años es imposible de llevar a cabo en tan solo dos años y que, por ello, la prohibición de crear áreas protegidas por ley no tiene sentido.



“Dicen que no se pueden crear nuevas áreas protegidas porque no hay un ordenamiento territorial, eso no estaría mal, pero ninguna provincia del país lo tiene bien hecho y no hay una estrategia nacional para generar reservas en lugares clave”, remarcó Ignacio “Kini” Roesler, investigador del Conicet y director Científico de la organización Aves Argentinas.

Y en cuanto a la ley 3.692 que prohibe la creación de nuevas áreas protegidas en Santa Cruz, Roesler consideró que es “un sinsentido y anacrónica”.



El último punto rompe con otro de los argumentos de la ley. “La emergencia del sector rural no está relacionada con la protección de la naturaleza”, afirman los ambientalistas y sostienen que “las áreas protegidas proveen servicios ambientales como la captura de carbono y la polinización, mantienen la calidad y cantidad de agua, y protegen los suelos, la flora y la fauna que favorecen al sector productivo y el bienestar humano”.



“La prórroga no es automática”, como aseguró O’Byrne. Se necesita una ley para extender esta ley inédita en el mundo, y confiamos en que, al menos, la parte de la ley 3.692 que prohíbe la protección de la naturaleza no sea una opción que considera renovar este gobierno.

Va en contra de todos los valores que promueve la democracia”, comentaron desde XR Patagonia Austral.