El PO de Santa Cruz pide "el fin del aporte solidario" para los jubilados provinciales

Además, la agrupación política rechaza cualquier proyecto de "arminización" previsional.
jueves, 21 de octubre de 2021 · 16:46

Comunicado del Partido Obrero de Santa Cruz: 

Pongamos fin al aporte solidario

Decimos no a la armonización del régimen previsional provincial con el régimen nacional.

Proceso de transferencia y armonización

Este proceso se inicio en la década del ´90, los acuerdos comenzaron a implementarse en 1992, cuando se decidió la privatización del sistema jubilatorio. Las provincias aceptaron entonces resignar el 15% de los recursos coparticipables para financiar el déficit de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). Un año más tarde se estableció el compromiso de la Nación de “aceptar la transferencia al Sistema Nacional de Previsión Social de las Cajas de Jubilaciones Provinciales”, por lo cual entre los años 1994 y 1996 fueron transferidas a la Nación las cajas correspondientes a once provincias, como explica el documento «Encrucijadas en la seguridad social argentina: reforma, cobertura y desafíos para el sistema de pensiones» de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En Santa Cruz en 1994 al desarrollarse la Constituyente con el objeto de reformar la Constitución Provincial, desde el espacio del FUT (PO) se impulsó con nuestros constituyentes electos la incorporación en el texto de la nueva Carta Magna provincial de los derechos jubilatorios, como el 82% móvil y la edad para acceder a la jubilación. Nada de eso encontró eco en las fuerzas patronales representadas por el FPV (PJ) y el radicalismo. Años después, en 1999, se firmó el Compromiso Federal (ratificado por las leyes 25.235 y 25.400) en el que la Nación se comprometió a financiar los déficits de los sistemas provinciales no transferidos. A su vez, las provincias debían armonizar en un plazo de 180 días sus sistemas “en función de las pautas nacionales en cuanto al régimen de aportes y contribuciones, así como de los requisitos para acceder a beneficios en el futuro”. Es decir ajustar su sistema jubilatorio al esquema nacional. Esta normativa general fue complementada con convenios particulares entre cada provincia y la ANSES, a los que accedieron 10 de las 13 jurisdicciones que mantuvieron el sistema previsional en su poder.

En Santa Cruz, por ejemplo, según informa la Caja de Previsión Social, se necesitan para la jubilación ordinaria: 30 años de servicios computables; tener al menos 54 años el hombre y 50 años la mujer; o tener 30 años con aportes provinciales para el varón y 28 años con aportes provinciales para la mujer, sin exigencia de edad. En el pacto firmado con la Nación en el 2008, estaba estipulado un proceso de equiparación, al tiempo que la ANSES se hacía cargo parcialmente del déficit.

En 2010 de la mano del entonces gobernador DanielPeralta y el kirchnerismo se produjo una primer armonización si tocar la edad jubilatoria, pero estableciendo el “aporte solidario” que iría del 7% al 12% del salario hasta cumplir los requisitos de edad del régimen nacional, como así también se estableció un nuevo mecanismo para el cálculo del haber. A partir de la reforma el haber jubilatorio en Santa Cruz se calcularía realizando un promedio de los últimos 60 meses o bien un promedio de los mejores 120 meses. Entre el aporte solidario y este nuevo mecanismo para calcular el haber previsional, el 82% móvil quedó herido de muerte.

El 29 de diciembre de 2011, el Gobierno provincial promovió un nuevo proyecto de reforma del sistema jubilatorio donde se buscaba aumentar la edad jubilatoria, pero ante las protestas y resistencia decidida de los trabajadores fue retirado.

En este cuadro de situación queremos señalar la insuficiencia que representa la Ley que establece la Intransferibilidad de la Caja de Previsión Social a la ANSES. No basta con evitar su transferencia sino con defender y recuperar las conquistas históricas de nuestro régimen previsional, recuperar por ejemplo el 82% móvil que aporte solidario mediante se nos ha quitado.

Financiar para defender

Desde el gobierno y la propia oposición parlamentaria de Santa Cruz se nos plantea el carácter deficitario de la Caja de Previsión, pero más allá de la reforma que aumentó los porcentajes de aportes que realizan los trabajadores no se buscó otra vía de financiamiento. El reconocimiento de la deuda histórica de la mayoría de los municipios con la Caja por los aportes no realizados ha quedado ya en el olvido, y desde el propio Estado se alienta la ampliación de la figura de los monotributistas como una forma de evitar los costos laborales, aumentando la precarización laboral y el desfinanciamiento de nuestra vapuleada Caja.

Es imperioso que se implementen políticas que más allá de las declamaciones aporten recursos extraordinarios para el sostenimiento de nuestro sistema previsional, que el estado provincial y los municipios dejen de flexibilizar y evitar realizar los aportes previsionales a los trabajadores contratados mediantes el régimen del monotributo. En la concepción del Partido Obrero, la Caja de Previsión Social y los derechos de sus afiliados se defiende con recursos.

Proponemos la creación de un Impuesto de Solidaridad Previsional, que deberá aplicarse a la minería equivalente al 2% de sus exportaciones que vaya a financiar nuestro régimen provincial. Seguramente desde lo lobistas mineros se nos dirá que una actividad privada no debe sostener el un régimen previsional público, sin embargo, cualquier tipo de actividad económica y de nuevos proyectos de explotación requieren de la ampliación de los servicios del Estado. Ampliación de su sistema de salud, de seguridad, de educación y demás trabajadores encargados del control de la producción y las condiciones en las cuales se desarrolla la misma. Es decir la explotación minera genera la necesidad de la ampliación del gasto por parte del Estado Provincial con lo cual es más que razonable que contribuya poniendo algo de sus bolsillos.

Queremos hacer observar además que ya es tiempo de que el gobierno le pida solidaridad a los que más ganan y no a sus jubilados. Las exportaciones de la minería metalífera representa el 66.5% del total de las exportaciones de la provincia, algo así como 1.276,8 millones de dólares a diciembre de 2020.

Dicho Impuesto de Solidaridad Previsional será para financiar el aporte solidario que hoy les deniega a nuestros jubilados el 82% móvil y proponemos la creación de una comisión de monitoreo del destino de dicho impuesto que cuente con una importante participación de los gremios estatales además de las vocalías electas de la CPS