Denuncias contra el IDUV: "Había un cumulo tan grande de irregularidades que me hacen presumir la existencia de un delito"

Así lo manifestó la Dra. Yanina Gribaudo en diálogo con Radio Nuevo Día. La vocal del Tribunal de Cuentas realizó dos denuncias penales en la localidad de Río Gallegos contra el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda por delitos de corrupción.
sábado, 23 de octubre de 2021 · 18:34

Recientemente la vocal del Tribunal de Cuentas, Dra. Yanina Gribaudo, presentó dos denuncias penales en la localidad de Río Gallegos contra el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda por delitos de corrupción.

Las acusaciones se basan en diversas irregularidades verificadas por el Tribunal de Cuentas e involucran al actual Intendente Pablo Grasso, a Oscar Arbe, Subgerente de Ferrocarril y Puertos de YCRT, a Juan Pedro Cvitanic, y a Jonathan Nifosi, entre otros funcionarios provinciales.

Radio Nuevo Día 100.9 tuvo la oportunidad de dialogar con Gribaudo quien indicó que las denuncias conciernen al ejercicio 2015 por facturas apócrifas y a una inspección realizada en el año 2018.

"La denuncia si bien la hago yo porque es mi función como vocal, en los fallos del Tribunal los integrantes están de acuerdo con la gravedad de los hechos pero no con el tratamiento que hay que darles", declaró.

Debido a ello, Gribaudo decidió votar en disidencia para que la Justicia tome conocimiento de los casos de malversación de caudales públicos, administración fraudulenta, apropiación indebida de tributos, evasión fiscal agravada, adulteración de documentos públicos, entre otros.

 

Facturas apócrifas por un monto de $116 millones. 

Realizada en el fuero federal en la fiscalía a cargo del Dr. Julio Cesar Zarate, la denuncia del ejercicio 2015 es sobre un estudio de cuentas del IDUV.

La vocal comentó que un grupo de contadores analizaron la documentación presentada por el organismo en las obras del Hospital Samic de El Calafate y registraron facturas invalidas de $116 millones. 

Se trata de una maniobra de adulteración de documentos públicos para fraguar gastos y así disponer de dinero para otro fin. El uso de facturas apócrifas está totalmente probado en la causa presentada ante la justicia y podría ascender a más de 100 millones de pesos.

A propósito, expresó: “Ante la toma de conocimientos de estos hechos, me veo en la obligación de realizar la denuncia penal en caso de presumir la existencia de un delito”.

 

Inspección ocular en el IDUV revela irregularidades

La denuncia radicada en el Juzgado de Instrucción Penal N° 1, a cargo de la Dra. Marcela del Valle Quintana, corresponde a una inspección ocular llevada a cabo en el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda en diciembre del año 2018.

“En el expediente no notamos uno o dos errores administrativos, acá había un cumulo tan grande de irregularidades que me hacen presumir la existencia del delito, aseveró.

Entre los hechos denunciados está la creación de un plazo fijo para canalizar fondos provenientes de aportes del Gobierno Nacional y la contratación irregular de personal. Además, se detectó el pago de obras que no fueron concluidas y la certificación de obras que no habían llegado a concretarse.

Ante estas evidencias, sostuvo: “Hicimos lo mismo que el caso del 2015, propusimos al cuerpo y a los demás vocales poner esto en conocimiento de la Justicia para abrir una investigación”.

Afirmó que si bien los vocales coincidieron en el carácter ilícito de estos actos, se negaron realizar una denuncia penal y propusieron "aplicar simplemente una multa de $7 mil y dejar asentado que se analizará en el Estudio de Cuentas".

 

Para finalizar, se refirió al funcionamiento de las vocalías y remarcó: “Hay mucho atraso en el tratamiento de los temas. Estamos hablando que en 2021 fallamos recién el ejercicio 2015”.