Illia, Frondizi y la anulación de los contratos petroleros

Agustin Barletti y una nota sobre Illia, Frondizi, Santa Cruz y el petróleo.
lunes, 8 de noviembre de 2021 · 10:27

Agustin Barletti (*)

En sus 83 años de vida, una sola vez se lo escuchó a Arturo Umberto Illia insultar en público. El destinatario del improperio fue Arturo Frondizi cuando llamó telefónicamente la madrugada del golpe de Estado del 28 de junio de 1966, que derrocara a Illia, para “ponerse a disposición”.

Se terminaba de quebrar una amistad de varios años, que había tenido su punto cumbre entre 1948 y 1952 cuando compartieron como diputados el bloque radical del Congreso Nacional.

El ritual se seguía con unción: Illia llegaba a la estación Retiro a la madrugada con el tren nocturno de Córdoba, y se trasladaba sin escalas a la casa de Frondizi. Sus reuniones previas al bloque se tenían en la sala de baño, mientras Arturo se lavaba y afeitaba.

Ni siquiera se distanciaron en 1957, cuando Frondizi fracturó el partido y creó la Unión Cívica Radical Intransigente, partido que un año más tarde, pacto con Juan Perón de por medio, lo llevaría a la presidencia.

La separación se produjo cuando Frondizi cruzó un límite que Illia no estaba dispuesto a aceptar: la renuncia a los principios y postulados respecto a la cuestión del petróleo.

Durante el año 1954, en su libro “Petróleo y Política” que llenara de gozo libertario a millones de argentinos, Frondizi aseguraba que “entre conservar el gobierno entregando el petróleo a manos extranjeras o el honor nacional sin petróleo, no podemos dudar: la entrega de nuestro petróleo sería un hecho grave, gravísimo, pero no lo peor: lo peor sería lo que vendría detrás, una vez abierta la ancha brecha”.

De allí su indignación frente a los contratos petroleros firmados por Frondizi en 1958
 

Entre todas las hipotéticas operaciones anunciadas por Frondizi, sólo quedaron firmes los contratos rubricados con la Banca Loeb y con la firma Panamericana, cuyas inversiones, un año y medio más tarde, no alcanzaban en conjunto a los U$D 50 millones, en lugar de los 1.000 millones anunciados.

La cláusula octava del contrato, luego conocida como “cláusula de la hipocresía”, establecía claramente que YPF no disponía de su petróleo si no pagaba el precio convenido. Asimismo, los pozos que perforaran las compañías extranjeras, una vez culminada su instalación y funcionamiento, no se entregarían a YPF y seguirían en su poder hasta su agotamiento total.

Para ejercer el contralor de los grupos extranjeros, los convenios establecieron un “comité de operaciones” compuesto por cuatro miembros, dos por cada parte, con derecho a un voto cada uno, de entre los cuales surgía un presidente con voto doble en caso de empate. Pero, mientras YPF tuviera saldos a abonar en concepto de petróleo, las compañías se reservaban tan importante nominación.

Luego estaba la cláusula veintidós, en virtud de la cual, sin la autorización del Congreso, se eximía a las empresas extranjeras del pago de impuestos, tasa o contribuciones de cualquier índole, las que estarían a cargo de YPF, a lo que se sumaba la cláusula veintiséis, estableciendo que ninguna de las partes contratantes estaría obligada a resolver litigios con terceros o una disputa gremial, salvo en condiciones “aceptables” para las empresas.

Finalmente, la cláusula veinticinco preveía el juicio de arbitraje inapelable y de cumplimiento obligatorio para las partes, aunque una de ellas fuera YPF, repartición del Estado Nacional, en violación al artículo 100 de la Constitución Nacional, que le obliga un sometimiento estricto a la justicia ordinaria.

Lo doloroso era que YPF entregaba las zonas ya exploradas y listas para trepanar, haciendo añicos la parte más riesgosa del emprendimiento, cual es el riesgo minero. Como ejemplo, no más refrescar la segunda cláusula del contrato con el Banco Loeb:

“Dentro de los ciento veinte días de la fecha y previa consulta entre los representantes de las partes, YPF seleccionará de las estructuras geológicas actualmente productivas e incluidas dentro de su reserva, áreas que ofrezcan un máximo de posibilidades para la producción en grandes cantidades de petróleo y otros hidrocarburos.”

Desde el punto de vista económico, los contratos tampoco eran favorables para el país

Según la cláusula trece del contrato de la Banca Loeb, se destinaba el 50% del valor de la producción, al reembolso de los gastos de la compañía, y un 20% adicional del valor de la producción como garantía líquida. Asimismo, para calcular el valor del petróleo extraído, no se tomaba como base el costo real, sino el precio de importación más el seguro y el flete. Entonces, las compañías percibían un seguro no abonado y un flete no devengado; con el agravante de que el petróleo se facturaba en la boca misma del yacimiento, y quedaba sobre las espaldas de YPF la responsabilidad y el costo de transportarlo a las refinerías.

Estas cifras, llevadas a un ejemplo práctico, señalaban que el metro cúbico de petróleo de igual calidad importado desde Rusia costaba por entonces U$D 13,02 dólares puesto en el puerto de Buenos Aires, mientras que, por los contratos, se estaban pagando por el petróleo argentino, U$D 15,20 el metro cúbico colocado en el mismo puerto.

Asimismo, las compañías se habían librado a extraer petróleo, sin importarles si YPF podía o no transportarlo (de todos modos, la empresa estatal estaba obligada a pagarlo en la boca del pozo). Por tal motivo, YPF debió paralizar su propia producción para retirar la generada por las compañías, pero como en ciertas ocasiones la empresa estatal no daba abasto, las extranjeras llegaron a volcar el codiciado producto en los terrenos bajos linderos.

Ya lo decía la nota aparecida en la revista especializada “Hanson’s Latin American Letter”, de los Estados Unidos: "Cuando los argentinos despierten, se asombrarán de cómo a cambio de tan poco capital liquidaron tan valiosos yacimientos: entonces la indignación será muy grande.”

El compromiso, expresado durante la campaña electoral, fue cumplido 15 de noviembre de 1963. A menos de un mes de llegar a la presidencia, Arturo Umberto Illia anuló estos contratos petroleros. Tres días después, llegó al país el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de los Estados Unidos, Averell Harriman.

–Nuestra actitud es inmodificable. Le propongo algo: escribiré una carta personal al Presidente Kennedy –que espero tenga la bondad de entregarle en mano– en donde habré de darle nuestras razones, –le informó Illia.

Al día siguiente, ya estaba Harriman en Washington entregando a Kennedy la carta en donde Illia explicaba que la resolución tomada por el gobierno argentino no ofendía al pueblo norteamericano ni a su presidente, y que se tomaba en nombre de la soberanía, asegurándole además que las compañías petroleras recibirían una justa indemnización.

Esa misma mañana, antes de partir de viaje, Kennedy convocó a los periodistas de la Casa Blanca.

–¿Qué determinación va a tomar su administración frente a ese decreto del gobierno argentino que anula los contratos petroleros? –preguntó uno de los reporteros.

–Es un acto de soberanía económica ejercido por un gobierno y si se reembolsa la justa inversión, el asunto está terminado.

Fueron ésas sus últimas declaraciones a la prensa de Washington: la gira que iniciaba, lo llevaría primero a Miami y después a la fatídica Dallas, donde sería asesinado.

Por su parte, la Argentina pudo sobrevivir sin estos contratos, y así lo corroboró años más tarde la Subsecretaría de Energía, cuyos datos ubicaron a la producción de petróleo en 15.613

millones de metros cúbicos en 1962, es decir, en pleno auge de los contratos, y en 16.655 millones de metros cúbicos en 1966, en pleno auge de YPF.

(*) Escritor, periodista y doctor en Derecho Constitucional. Autor de la novela histórica “Salteadores Nocturnos” sobre la vida de Arturo Illia.