Productores reclaman la prórroga de la ley ovina y una actualización de la ayuda

Desde que se sancionó la ley ovina nacional, en 2001, tuvo como fin modernizar a través del tiempo la actividad incrementando el stock de animales. Hoy, dos décadas después, el sector reclama una nueva prórroga.

Para Marcos Williams, productor de Río Gallegos y coordinador de la Mesa Ovina Nacional (MON), la ley para los productores ovinos que viven total o parcialmente de la actividad ha sido una de las herramientas más importantes con las que contó y cuenta la cadena ovina a lo largo del país.

Williams integra, además, el consejo directivo de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y el Consejo de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz (FIA). “En la Patagonia, la ganadería ovina no es una opción, es un monocultivo ovino. No tenemos un menú con otras opciones agropecuarias. A medida que uno se acerca a las estepas, la zona se hace cada vez más agreste y solo llueve unos 150 milímetros al año: no nos queda otra forma de producir”, describe.

Para Carlos Vila Moret, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y también coordinador de la MON, el objetivo del organismo desde su creación fue el fortalecimiento del sector porque “donde hay una oveja, hay un ovejero y detrás, una familia, una escuela y caminos que se construyen”.

“La ley tiene una importancia enorme porque permitía a muchos productores poder mantener la actividad ovina. En el sur, por ejemplo, es una manera de sostener el arraigo de los pobladores, donde en muchas zonas es la única actividad productiva. Si el ovino no anda conlleva al cierre definitivo de las tranqueras de los campos”, indica.

En este sentido, Williams detalla tres grandes virtudes que tiene la ley para la actividad. “En primer lugar, es una herramienta absolutamente federal, donde cada provincia, según su realidad, maneja el presupuesto que le asignan para los proyectos presentados por los productores locales”, dice.

La segunda virtud tiene que ver con las condiciones favorables para el financiamiento de los proyectos. “Tiene características benévolas: los créditos o aportes reintegrables que da la ley pueden tener hasta dos años gracia y hasta cinco años para su devolución, con un interés mínimo y sin garantías más que un pagaré. Los montos recuperados por los gobiernos provinciales los vuelven a volcar a nuevos créditos para productores”, agrega.

Por último, para el productor, es un instrumento que contempla el largo plazo, es decir “que le da una perspectiva futura a la actividad en general y al productor en particular”.

Según afirma, desde el punto de vista económico, también la ley tiene resultados importantes, generando fondos adicionales en la producción. “Por cada dólar que puso el Estado, se generaron seis dólares adicionales en toda la cadena productiva. A lo largo de estos años en que la ley estuvo vigente, se produjo adicionalmente el equivalente a dos zafras ovinas para el país”, sostiene.

En este contexto, los cerca de 100.000 productores a lo largo del país, entre los 40.000 comercialmente activos y otros 60.000 tenedores de ovejas que no vuelcan de lleno su producción al mercado, esperan que la ley se renueve, a la vez que se incremente el fondo destinado para los proyectos.

“Hoy el aporte anual es de $80 millones cuya cifra se mantiene desde el 2011; solo se incrementa algo con los recuperos de los créditos. Este año es de $183 millones”, afirma Williams.

En este sentido, agrega que con la ley no solo financia a productores, también asiste a cooperativas, acopios, a la capacitación a técnicos y profesionales, a los programas como el Prolana, que apunta a mejorar la calidad de las lanas y ayuda a transparentar el mercado.

“Hay buena voluntad, hasta donde sabemos, en la mayoría del arco político que quiere la renovación de la ley. Estamos esperando que se trate en la Comisión de Agricultura en el Congreso. Lo que habría que reformular es la actualización del monto del aporte y llevarlo a una nueva cifra. Un cálculo aproximado sería de $1400 millones. Si no se produce la prórroga, la ley quedará a fin de año sin financiamiento y no operativa “, finaliza. (La Nacion)