Trabajadoras de casas particulares buscan llegar a un acuerdo por nuevos aumentos salariales

Luego de la falta de consenso en la reunión de ayer, el lunes volverán a negociar la suba pendiente.

Con una fuerte movilización de las organizaciones sindicales, las trabajadoras de casas particulares participaron de la mesa de negociación con la Comisión Nacional del sector en la sede del Ministerio de Trabajo y no llegaron a un acuerdo, por lo que se decretó un cuarto intermedio hasta el próximo lunes.



Según lo señalado desde la representación gremial, en el siguiente encuentro se cerraría el incremento ya que las conversaciones finalizaron cuando estaban acercándose en los porcentajes. En principio, se estima que se lograría sobre la base de una suba superior a la del salario mínimo que se cerró en un 75% hasta noviembre aunque llegando hasta marzo del próximo año y a pesar de que se espera un 95% de inflación anual.



El Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares (STCP) y la Asociación de Trabajadoras de Hogares y Afines (ATHA) se presentaron en la cartera laboral con el reclamo de un salario para la categoría inicial equivalente a la Canasta Básica Total (CBT) hoy situada en $110.000, lo que equivale a una suba de más del 100% si se toma en cuenta que, a partir del primer tramo del acuerdo sellado en abril, la categoría inicial hoy percibe $44.517,50 por debajo del salario mínimo vital y móvil y de la Canasta Básica Alimentaria (CBA).



Recordemos que en abril se aplicó una suba del 30% en tres cuotas para los meses de abril mayo y junio dejando para la presente negociación de revisión los incrementos que completaran el acuerdo hasta marzo de 2023. De ese modo, ente julio de 2021 y julio de este año el incremento acumuló un 73% algo superior al 70% que se incrementó el valor de la Canasta Básica Alimentaria.



Cabe destacar que del organismo que preside el ministro de Trabajo participan doce organizaciones sindicales que cuentan con el 25% de los votos y dos representantes patronales que controlan otro 25% de la votación. El 50% restante queda bajo control de la representación estatal que, además, cuenta con poder de desempate y, por lo tanto, derecho a veto. Por lo que no se trata de una paritaria tradicional sino un ámbito en el que las partes buscan un consenso cuya resolución en definitiva depende de la voluntad estatal.



Fuente: Mundo Gremial 


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