Contrabando y lavado de dinero en Santa Cruz: con las ganancias, se montaron drugstores, bares, locales bailables, madereras y carnicerías

En la tarde de este martes, se conocieron detalles realmente sorprendentes de la investigación conjunta entre Argentina y Chile por una asociación ilícita transnacional dedicada al contrabando.

Producto de los allanamientos, hay cuatro personas detenidas, que ya fueron indagadas, y 27 imputadas por el momento -entre ellas, personas jurídicas y funcionarios públicos de fuerzas armadas y de seguridad.

Los procedimientos realizados la semana pasada en Argentina tuvieron como objetivos estudios contables, domicilios particulares, empresas, depósitos, comercios mayoristas de cigarrillos, unidades militares y domicilios particulares de miembros de la organización ilícita internacional, entre ellos, funcionarios de fuerzas de seguridad, y también se cursaron órdenes de presentación de documentación a organismos nacionales.

La organización trasnacional estaría integrada por personas de nacionalidad argentina y otras de nacionalidad chilena y contaría con el auxilio de miembros de las fuerzas de seguridad. Se trata de varios grupos de personas entrelazados, y de un grupo extenso de colaboradores, cuyo asiento principal se encuentra ubicado en la ciudad de 28 de Noviembre.

La organización que operaba en la Argentina estaba constituida por dos subgrupos -distinguidos por la existencia de un vínculo familiar- y por otras personas que, si bien no pueden ser asignadas a un grupo en particular, intervenían en la organización y participaban de las maniobras ilícitas desplegadas.

 Entre ellos, intervinieron, entre otros, administradores de estancias en las que se apostan pasos no habilitados a Chile, transportistas, miembros de la Gendarmería Nacional, intermediarios y profesionales de las ciencias económicas que proveían de un andamiaje adecuado, con estructuras propicias para el ingreso al circuito legal de fondos de origen espurio, a través de la utilización de personas jurídicas que posibilitan el financiamiento de la organización.

Para poder llevar a cabo las operatorias ilícitas, la organización contaba con recursos propios, empresas de transporte, rodados de gran y mediano porte, diversos socios asentados en varias localidades y un importante poder logístico. En ese sentido, se detectó la emisión de facturas apócrifas por parte de la organización, a través de empresas de las cuales también se canalizarían los ingresos ilícitamente obtenidos.

Con las ganancias ilícitas de estas operaciones los miembros de la organización incrementaron su patrimonio a través de la compra de vehículos de alta gama, camiones, vehículos de transporte de pasajeros, propiedades y negocios comerciales, como drugstores, bares, locales bailables, madereras y carnicerías, entre otros.

De esta manera, se puede comenzar a comprender los motivos por los cuales, en plena crisis, comenzaron a surgir todo tipo de locales de diferentes rubros en la capital de Santa Cruz, muchos de los cuales son investigados por la justicia.

La hipótesis criminal indica que el contrabando se realizaba principalmente a través de pasos fronterizos no habilitados, ubicados en las localidades de 28 de Noviembre y Río Turbio.

La organización utilizaba las localidades de El Calafate, Río Gallegos y Puerto San Julián de la provincia de Santa Cruz, y Bahía Blanca como base. Por otro lado, el contrabando se verificó en la ciudad de Puerto Natales y Punta Arenas, de Chile.