Intendentes buscan frenar el endeudamiento en dólares y acusan al gobierno de "fundir Santa Cruz"

Tras la reunión de referentes políticos en la intendencia de Río Gallegos, "La crisis política en Santa Cruz acaba de entrar en una nueva fase". Ya no son solamente sectores opositores los que cuestionan el rumbo del gobierno de Claudio Vidal, también intendentes que formaron parte de su construcción política quienes empiezan a levantar la voz frente a una administración provincial que "prometió orden, recuperación y eficiencia, pero que hoy pretende endeudar a la provincia por 600 millones de dólares sin haber explicado antes cómo terminó fundiendo las cuentas públicas en tiempo récord" destacaron desde el municipio de Río Gallegos. 

Según expresaron "El golpe político quedó plasmado en un proyecto de ley presentado por intendentes y presidentes de comisiones de fomento de distintos puntos de Santa Cruz, que propone utilizar recursos ya existentes del Fondo Fiduciario UNIRSE para asistir a municipios y a la propia Provincia, evitando así un endeudamiento histórico en moneda extranjera."

Se trata de los jefes comunales de Las Heras, Antonio Carambia; de El Calafate, Javier Belloni; de Pico Truncado, Pablo Anabalón; de Río Turbio, Darío Menna; de Los Antiguos, Zulma Neira; de Puerto Deseado, Raúl Martínez; de Río Gallegos, Pablo Grasso; de 28 de Noviembre, Aldo Aravena y de la Comisión de Fomento de Koluel Kayke, Tomás Cabral.

El mensaje llega desde el corazón mismo del territorio: los intendentes, "quienes todos los días enfrentan el deterioro social en sus localidades, empiezan a marcarle límites a un gobierno alineado con Javier Milei y cada vez más identificado con el ajuste, el achique del Estado y la paralización económica."

En los fundamentos del proyecto, los mandatarios comunales describen un escenario devastador. Entre marzo de 2024 y marzo de 2026 la coparticipación municipal cayó un 15,2% en términos reales. Mientras tanto, crecieron los costos operativos, se dispararon los reclamos salariales y se desplomó la actividad económica. Comercios históricos cerrando, caída del consumo y municipios sosteniendo servicios esenciales al borde del ahogo financiero.

Pero además apuntan directamente contra las consecuencias del modelo económico nacional. Santa Cruz sufrió una caída del 93% en la obra pública nacional, una de las peores del país, dejando miles de puestos de trabajo destruidos y obras abandonadas en toda la provincia.

"El municipio es el Estado que no puede cerrar la persiana", remarcan los intendentes en un texto cargado de contenido político. Y la frase no es casual: mientras Nación y Provincia descargan el peso del ajuste sobre las comunidades, son los municipios quienes terminan absorbiendo la crisis social, sosteniendo transporte público, asistencia alimentaria y salarios con recursos cada vez más escasos.

Uno de los capítulos del documento apunta directamente al acuerdo entre Vidal e YPF para la salida de la petrolera de Santa Cruz. "Los intendentes recuerdan que miles de trabajadores quedaron afuera del sistema productivo y que las localidades petroleras quedaron golpeadas por una caída abrupta del empleo, el comercio y el consumo."

Sin embargo, subrayan un dato político que empieza a convertirse en una pregunta para el gobierno provincial: "pese a que Santa Cruz recibió un bono compensatorio de 200 millones de dólares por la salida de YPF, los municipios afectados no recibieron compensación alguna."

La crítica es todavía más profunda: "Mientras Vidal repite el discurso libertario contra el gasto público y acompaña el ajuste de Milei, termina recurriendo a la receta más vieja de la política argentina: tomar deuda externa millonaria y comprometer el futuro financiero de generaciones enteras."

Frente a eso, los intendentes proponen una salida completamente distinta. "El proyecto plantea distribuir el 50% de los fondos acumulados en el UNIRSE entre municipios y comisiones de fomento mediante criterios automáticos de coparticipación, eliminando discrecionalidades políticas y garantizando transparencia. El otro 50% quedaría disponible para la Provincia, también para afrontar salarios, servicios y funcionamiento estatal."

La discusión ya no es solamente económica. Empieza a ser profundamente política. Porque "el proyecto deja expuesta una fractura cada vez más visible entre el discurso del gobierno provincial y la realidad que viven las localidades santacruceñas. Y porque detrás de la discusión por los fondos aparece una certeza que empieza a recorrer incluso a sectores que acompañaron a Vidal: el gobernador que prometió sacar a Santa Cruz adelante hoy intenta dejarle a la provincia una deuda obscena de 600 millones de dólares mientras crecen el desempleo, el deterioro social y las sospechas sobre el destino de los recursos extraordinarios que ya ingresaron a las arcas provinciales."