Inician jury de enjuiciamiento contra la jueza que le pidió tareas a dos trabajadoras fuera de horario y, como no respondieron, les envió a la Policía

El gremio de Judiciales de Santa Cruz informó que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) inició formalmente un jury de enjuiciamiento contra la jueza Noelia Ursino, titular del Juzgado de Puerto Santa Cruz, y una investigación paralela sobre su secretario judicial, por hechos considerados graves y de carácter intimidatorio contra personal administrativo.

  El caso salió a la luz en febrero de este año, cuando dos trabajadoras judiciales denunciaron haber sido convocadas cerca de las 22 horas para presentarse en sus puestos laborales. Según relataron, al no responder al requerimiento fuera del horario establecido, un patrullero de la Policía Provincial se presentó en sus domicilios, ordenándoles que se comunicaran de inmediato con autoridades del juzgado.

El gremio calificó esta situación como un acto de "violencia e intimidación institucional", señalando que no se trataba de un hecho aislado, sino de una práctica reiterada por parte de las autoridades del juzgado. Además, remarcaron el impacto emocional que el procedimiento generó no solo en las trabajadoras afectadas, sino también en sus familias.

Tras múltiples presentaciones y denuncias realizadas por Judiciales, el TSJ dictó a fines de abril una sanción del 5% sobre los haberes mensuales tanto para la jueza Ursino como para su secretario. En su resolución, el Tribunal calificó el accionar como una "falta grave", al utilizar personal policial para resolver situaciones internas del Poder Judicial fuera del marco legal y administrativo correspondiente.

Ahora, la situación avanza con un proceso de jury de enjuiciamiento contra la magistrada y una investigación interna respecto de la conducta de su secretario, lo que representa un hecho poco habitual dentro del Poder Judicial santacruceño.

"Este tipo de prácticas deben ser erradicadas completamente. No podemos permitir que se ejerza violencia institucional sobre las y los trabajadores judiciales, ni que se utilicen recursos públicos como la Policía para presionar fuera de los canales legales", expresó el gremio a través de un comunicado.