La Asociación de la Magistratura respaldó los aumentos en el TSJ, aclaró que se fija por un mecanismo establecido en 2009 y apuntó al Gobierno

La Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de la Provincia de Santa Cruz salió a responder los recientes dichos de representantes del Poder Ejecutivo provincial sobre los aumentos salariales en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). A través de un comunicado, la entidad defendió la "independencia judicial y el esquema salarial vigente".

Desde la Comisión Directiva remarcaron que la autonomía del Poder Judicial es "uno de los pilares esenciales del sistema republicano de gobierno" y que dicha independencia debe garantizarse también en el plano económico y presupuestario.

En el comunicado, la Asociación sostuvo que el financiamiento del Poder Judicial no puede ser presentado como un privilegio sectorial. "El cumplimiento regular de las obligaciones presupuestarias y salariales no constituye una prerrogativa sectorial, sino una exigencia inherente al principio de división de poderes", afirmaron.

Además, advirtieron que cualquier intento de desinformación o incumplimiento presupuestario impacta de lleno en la ciudadanía. "Toda afectación al financiamiento del Poder Judicial repercute directamente en la vigencia del Estado de Derecho", señalaron desde la entidad que nuclea a magistrados y funcionarios judiciales de Santa Cruz.

Uno de los puntos centrales del comunicado apunta a "desmentir" que los incrementos salariales sean decisiones discrecionales del Tribunal Superior de Justicia. Según explicaron, los aumentos se rigen por un mecanismo establecido desde hace más de una década.

"Los incrementos de los salarios de la magistratura y funcionariado judicial no se fijan de manera unilateral, sino conforme a la pauta salarial convenida en el acta paritaria Nº 31 del año 2009", indicaron, aclarando que el esquema toma como referencia acordadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y criterios objetivos de legalidad.

En ese marco, precisaron que el sueldo de un vocal del TSJ funciona como base para todo el escalafón judicial, respetando la proporcionalidad entre categorías. "Mostrar dichos incrementos como privilegios aislados o arbitrarios constituye una distorsión del régimen legal vigente", advirtieron.

La Asociación también cuestionó que se atribuya al Poder Judicial responsabilidades que, según indicaron, corresponden al Ejecutivo provincial. "La atribución pública de responsabilidades al Poder Judicial por decisiones y gestiones que corresponden a otros poderes erosiona la confianza institucional y debilita la independencia judicial", manifestaron.