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La Caja de Previsión reclama $1.800 millones al municipio de Río Gallegos

Un fallo del juez Marcelo Bersanelli le otorgó a la Municipalidad de Río Gallegos una medida cautelar que impide a la Caja de Previsión Social aplicar el artículo 22 de la ley previsional, que habilita la retención de fondos de la coparticipación ante el incumplimiento de aportes. La presidenta de la Caja, Belén Elmiger, alertó sobre el impacto económico de esta situación y pidió que el Tribunal Superior de Justicia resuelva con urgencia para sentar un precedente y proteger la sustentabilidad del sistema jubilatorio provincial.

Redacción Nuevo Día
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En el marco de un conflicto que pone en tensión las finanzas previsionales de Santa Cruz, el juez Marcelo Hugo Bersanelli resolvió otorgar una medida cautelar a favor de la Municipalidad de Río Gallegos, impidiendo a la Caja de Previsión Social aplicar la herramienta legal que le permite retener fondos de la coparticipación por deudas previsionales. La resolución fue dictada el 19 de mayo y se encuentra en manos del Tribunal Superior de Justicia desde hace dos meses.

La presidenta de la Caja, Belén Elmiger, lo explicó en diálogo con el programa "La Otra Gestión" por Radio Nuevo Día FM 100.9. "Nosotros notificamos las deudas como marca la ley, tanto la histórica como la corriente. Río Gallegos fue el único municipio que presentó una cautelar para frenar la aplicación del artículo 22, que nos permite pedir la retención de fondos si no transfieren los aportes al día 7 de cada mes", indicó.

Según detalló Elmiger, solo en junio el municipio debía transferir $1.800 millones a la Caja en concepto de aportes personales y patronales. "Esa plata ya fue descontada a los trabajadores. Nosotros no estamos pidiendo el total de la deuda histórica, sino que al menos empiecen a cumplir con lo corriente", remarcó.

El fallo judicial considera que, de no dictarse la cautelar, "el perjuicio que se produciría podría impactar de manera significativa en las finanzas municipales y no sería susceptible de ser reparado de manera inmediata". Asimismo, se resolvió "la prohibición de innovar", lo que implica suspender cualquier descuento sobre los fondos que le corresponden al municipio por coparticipación.

Desde la Caja apelaron esta decisión, pero no obtuvieron respuesta favorable en primera instancia. Ahora esperan que el Tribunal Superior de Justicia se expida y fije un criterio definitivo. "No podemos aplicar la ley mientras esto esté judicializado. Y si otra comuna hace lo mismo, el caso caerá en la misma secretaría. Por eso es clave que haya un pronunciamiento de fondo", expresó Elmiger.

La funcionaria también cuestionó la falta de respuesta de otros municipios y llamó a un diálogo abierto. "Muchos no responden, porque dicen: ‘yo no voy a ser el único que pague'. Pero los intendentes tienen que cumplir la ley, no escudarse en lo que hacen los demás. Hay que ordenar esto, es dinero de los trabajadores", advirtió.

En paralelo, la Caja de Previsión enfrenta un cuadro crítico de desfinanciamiento. "Estamos hablando de la sostenibilidad del sistema previsional de la provincia, no se puede tomar a la ligera. Por eso necesitamos que la Justicia actúe con celeridad", sostuvo Elmiger. (Fuente: El Diario Nuevo Día)

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