La Cámara de Casación rechazó el pedido de prisión domiciliaria y Lázaro Báez seguirá preso en la cárcel de Río Gallegos

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó que el empresario Lázaro Báez deberá cumplir su condena de 15 años de prisión en la cárcel federal de Río Gallegos y rechazó el recurso presentado por su defensa para que se le concediera arresto domiciliario. La resolución fue firmada por los jueces Gustavo Hornos y Javier Carbajo, mientras que Mariano Borinsky votó en disidencia.

Báez fue condenado a diez años de prisión en la causa conocida como "la ruta del dinero K" por lavado de activos provenientes de maniobras de evasión fiscal. A esa sentencia, que ya quedó firme tras la intervención de la Corte Suprema en mayo de este año, se sumó la condena en la causa "Vialidad" por fraude a la administración pública, junto a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Con ambas penas acumuladas, el empresario recibió una condena unificada de 15 años.

Los argumentos del tribunal

Los jueces Hornos y Carbajo coincidieron en que la ejecución de la pena debía garantizarse en el ámbito penitenciario. Subrayaron que las condiciones de salud y situación personal del condenado deben evaluarse mediante los mecanismos previstos en la ley de ejecución penal, con intervención del Servicio Penitenciario Federal y el Cuerpo Médico Forense.

Por su parte, Carbajo consideró improcedente tratar la cuestión sanitaria en esta instancia, mientras que Hornos sostuvo que no estaban acreditados los requisitos para otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria, los cuales son de interpretación restrictiva.

En disidencia, Borinsky se inclinó por conceder la prisión domiciliaria, argumentando que Báez, próximo a cumplir 70 años, padece múltiples enfermedades como diabetes, asma, hipertensión y cardiopatías. Para el magistrado, esas condiciones ameritaban un análisis más profundo antes de enviarlo nuevamente a un penal.

Las denuncias por condiciones inhumanas

En los días previos al fallo, Báez había denunciado que se encontraba alojado en condiciones inhumanas, aislado en una celda reducida, con una pequeña ventana y mobiliario precario. Su abogada, Yanina Nicoletti, había advertido que el empresario, que sufre problemas respiratorios y cardíacos, se descompensó en reiteradas oportunidades desde su traslado al penal de Río Gallegos.

No obstante, la mayoría del tribunal entendió que los controles médicos y judiciales ya ordenados eran suficientes para garantizar su integridad, y que cualquier planteo futuro de prisión domiciliaria podrá ser reconsiderado en función de nuevos informes de salud.

De este modo, el empresario deberá cumplir en la unidad penitenciaria de Río Gallegos la condena unificada de 15 años de prisión, quedando bajo supervisión del Servicio Penitenciario y con control judicial permanente sobre sus condiciones de detención.

Con información de La Nación