La Defensora General de la Nación pidió "se deje sin efecto" el proyecto que modifica la Orgánica de la Justicia y repone a Sosa como Procurador General
A través del Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina ha manifestado su profunda preocupación ante el Proyecto de Ley Nro. 561, enviado a la legislatura por el Ejecutivo.
El Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina manifestó su profunda preocupación ante el Proyecto de Ley Nro. 561 , enviado a la Legislatura Provincial de Santa Cruz, el cual propone suprimir el Ministerio Público de la Defensa, la Defensoría General y la defensa pública integral mediante modificaciones a la Ley N° 1600 (Ley Orgánica de la Justicia).
Se trata de la modificación de la Orgánica de la Justicia, que tiene como objeto reponer al Dr. Eduardo Sosa como Procurador General en la sesión extraordinaria que se realizará hoy a las 14 en la Cámara de Diputados de Santa Cruz. La modificación ocurre porque el cargo de Sosa no existe en la actualidad.
El organismo considera que avanzar en la eliminación de la Defensoría General ante el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz constituye una gravedad institucional y un retroceso inadmisible e inconstitucional. Argumenta que esta medida vulneraría el artículo 6 de la Constitución provincial y la propia Constitución Nacional, cuyo artículo 120 establece la autonomía y autarquía del Ministerio Público de la Defensa como un órgano independiente. Asimismo, la reforma iría en contra del artículo 5 de la Constitución Nacional, que exige a las provincias respetar las bases del texto constitucional al darse su sistema de administración de justicia, debiendo asegurar la institucionalidad y autonomía de la defensa pública.
El Consejo Federal enfatiza que la pretendida reforma vulnera los principios del sistema acusatorio adversarial y obstaculiza la labor de los defensores públicos, un rol fundamental para garantizar el acceso a la justicia y el derecho de defensa, especialmente de las personas en situación de vulnerabilidad. La Defensa Pública desempeña una labor esencial en la protección de derechos humanos de colectivos como pueblos originarios, personas privadas de su libertad, niños, niñas y adolescentes, personas con padecimientos mentales, y víctimas de violencia de género e institucional, por lo que estos hechos amenazan gravemente el Estado de Derecho.
Para reforzar su postura, el comunicado menciona que la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha reconocido en diversas resoluciones la importancia fundamental de la labor de la Defensa Pública y ha destacado la necesidad de su independencia, autonomía funcional y financiera. Estos lineamientos han sido recogidos por la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso "José Agapito Ruano Torres vs. El Salvador" (2015), que exige dotar a la defensa pública de garantías suficientes para su actuación eficiente y en igualdad de armas con el poder persecutorio, libre de injerencias indebidas por parte de otros poderes del Estado.
En consecuencia, el Consejo Federal reafirma su pleno apoyo a la Defensa Pública de Santa Cruz y solicita a las autoridades locales del Poder Ejecutivo que extreme el diálogo y la prudencia, exigiendo que se deje sin efecto la presentación del proyecto de ley Nro. 561 y que cese todo accionar que obstaculice el pleno desempeño de las funciones constitucionales ejercidas por la Defensora General y los Defensores/as Públicos/as, solicitando el respeto irrestricto de su labor y función autónoma institucional.
El comunicado fue firmado el 5 de octubre de 2025 por la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, Defensora General de la Nación y fefa de todos los defensores federales del país, junto a Ariel Alice, Coordinador (Defensor General de Río Negro); y a Marcela Millán, Vicecoordinadora 1 (Defensora General de CABA).
