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La deuda de miles de millones de pesos que reclama el Gobierno de Santa Cruz a intendentes

A través de un comunicado, el Gobierno advirtió que la deuda con la Caja de Previsión Social que se acumuló por parte de municipios y comisiones de fomento asciende a más de $111.226 mil millones. El monto corresponde a aportes personales y patronales que no han sido depositados, en incumplimiento de la Ley Previsional Nº 1782.

Redacción Nuevo Día
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La Caja de Previsión Social de Santa Cruz hizo pública una cifra alarmante: municipios y comisiones de fomento de la provincia mantienen una deuda acumulada que supera los 111 mil millones de pesos. Exactamente, el monto asciende a $111.226.393.329,27, correspondientes a aportes personales y patronales que, aunque fueron descontados de los haberes de los trabajadores, no fueron transferidos al organismo previsional, indicó un comunicado oficial. 

Según establece el artículo 18, inciso b, de la Ley Previsional Nº 1782, los empleadores deben depositar mensualmente estos fondos dentro de los primeros siete días corridos, obligación que, en numerosos casos, no se ha cumplido durante años.

Desde la Caja se advirtió que este tipo de incumplimientos pone en riesgo la sustentabilidad del sistema previsional, que se basa en un principio de solidaridad entre trabajadores activos, jubilados y empleadores. "No se trata solo de una deuda administrativa, sino de un serio perjuicio al equilibrio del sistema", remarcaron desde el organismo.

Actualmente, se están llevando adelante acciones orientadas a la regularización de esta situación. La entidad previsional está promoviendo el diálogo con los entes deudores para que comiencen a realizar los aportes mensuales en tiempo y forma. Una vez garantizado ese flujo, se buscará avanzar en planes de pago que permitan saldar la deuda acumulada.

Esta problemática no es nueva, pero adquiere especial relevancia en un contexto de déficit creciente y discusión sobre el futuro del sistema jubilatorio provincial. El cumplimiento de las transferencias estipuladas por la Ley 1782 aparece como una condición esencial para garantizar el derecho previsional de miles de trabajadores y trabajadoras de Santa Cruz

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